La celebración programada para homenajear a 65 profesores jubilados en el Centro Cultural CEINA se transformó en un violento episodio de crisis política, protagonizado por la gestión del alcalde Mario Desbordes (RN). La ceremonia fue interrumpida por miembros de la Asociación de Asistentes de la Educación (AFESA), quienes llegaron al evento portando pancartas y realizando consignas de protesta. Según la denuncia de la Municipalidad de Santiago, los manifestantes tuvieron un enfrentamiento físico con los asistentes, lo que obligó a la seguridad a intervenir y expulsarlos del recinto. Posteriormente, la situación no sólo se mantuvo tensa, sino que continuó, ya que tras la finalización del acto, el alcalde y su equipo fueron agredidos nuevamente, mientras que varios vehículos municipales resultaron dañados.
Lo que hizo aún más sorprendente la situación fue la revelación de que Desbordes había mantenido una reunión de una hora con los líderes de AFESA apenas momentos antes de que se iniciara la ceremonia. A pesar de este encuentro, que podría haber abierto puertas a negociaciones, el alcalde optó por desestimar las demandas de los asistentes, reiterando que «no hay recursos» para atender sus requerimientos. Esta actitud ha sido interpretada como una falta de disposición al diálogo y una inclinación hacia la confrontación, lo que exacerbó las tensiones que culminaron en la violenta irrupción de los protestantes.
En su versión de los hechos, el alcalde no sólo desacreditó a los asistentes como legítimos representantes gremiales, sino que también los acusó de actuar por intereses de «activismo político». De esta forma, Desbordes intentó desligarse de cualquier responsabilidad en el manejo del evento y de la crisis que se desarrollaba en paralelo. A pesar de las recomendaciones del Instituto Nacional para que se retirara del locale y evitar más problemas, Desbordes se negó a abandonar el acto, lo que contribuyó a que su equipo y los asistentes corresponderan a un ambiente de violencia que se pudo evitar.
La respuesta de AFESA no tardó en llegar. En un comunicado, la asociación desmintió las afirmaciones de la municipalidad, negando cualquier tipo de agresión por parte de sus miembros y exigió pruebas que sustenten las acusaciones. AFESA reconoció haber ingresado al recinto sin una invitación formal, pero enfatizó que la movilización era resultado del «constante menosprecio hacia nuestro estamento» por parte del alcalde. La declaración concluyó con un firme rechazo a cualquier tipo de amenaza hacia sus asociados y subrayó la importancia de visibilizar las legítimas demandas que estaban planteando.
El incidente ha puesto en jaque a la administración de Desbordes, quien ahora enfrenta no solo la presión de un colectivo que se siente desvalorado, sino también la necesidad de buscar soluciones efectivas a la crisis. Con el municipio anunciando la intención de tomar sanciones administrativas y penales contra los supuestos responsables del disturbio, se vislumbra un clima de inestabilidad. A medida que la municipalidad y AFESA intercambian posturas, se observa un creciente descontento social en la capital, ya que muchos ciudadanos exigen un manejo más eficaz de la gestión pública y una atención real a las necesidades de quienes trabajan en la educación.