El pasado 17 de marzo, la ONG Escazú Ahora publicó su último informe sobre la alarmante situación que enfrentan las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el año 2024. El informe destaca que la violencia contra estos activistas ha aumentado de manera significativa, con un tripe de agresiones físicas reportadas en comparación con el año anterior. Este preocupante contexto se ve reflejado en el caso particular de Julia Chuñil, cuya desaparición ha resaltado la urgencia de proteger a quienes luchan por la defensa del medio ambiente en el país.
Ante este panorama, el diputado del Partido Liberal, Luis Malla, ha presentado un Proyecto de Ley que busca otorgar una mayor protección a los defensores ambientales. Esta propuesta responde al compromiso que adquirió Chile al ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual establece mecanismos para garantizar la seguridad de aquellos que defienden los derechos relacionados con el medio ambiente. La iniciativa, que cuenta con suma urgencia desde el gobierno, fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, obteniendo 7 votos a favor y 4 en contra, lo que indica un respaldo significativo a la protección de estos activistas.
Entre los parlamentarios que mostraron su apoyo a la iniciativa se encuentran figuras destacadas como Jaime Araya, Félix González, y Camila Musante. Sin embargo, la votación no estuvo exenta de controversia, ya que cuatro diputados se opusieron firmemente a brindar esta protección, incluyendo a miembros del Social Cristiano y de la UDI. Este rechazo ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran la acción como un grave retroceso en la lucha por la justicia ambiental que cada vez más necesita el respaldo institucional.
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, ha expresado que la creación de una ley que concrete el Acuerdo de Escazú representa un avance significativo en la protección de los derechos ambientales. El proyecto contempla principios, derechos y garantías, así como un reglamento que regulará la materia y las facultades de investigación, lo que se espera cumpla un papel crucial en la prevención y protección de los activistas a nivel nacional. Este tono optimista contrasta con la gravedad de la situación que se refleja en el informe de Escazú Ahora, donde las cifras de violencia siguen en aumento.
Desde la ONG Escazú Ahora, han celebrado la aprobación del Proyecto de Ley, manifestando que es un paso positivo hacia la consolidación del derecho a defender el medio ambiente sin temor a represalias. La organización enfatizó que es crucial que la tramitación avanza con la máxima celeridad posible para que defender el medio ambiente no se convierta en una sentencia a muerte. Con estas acciones, muchos esperan que Chile se convierta en un ejemplo de cómo se puede apoyar a los defensores ambientales frente a la creciente violencia que estos enfrentan.