La familia Gutiérrez Martínez, que ha sido parte del paisaje junto al Río Bueno durante más de cuatro décadas, se enfrenta a una serie de adversidades tras el anuncio de un desalojo inminente. El origen de esta situación se remonta a noviembre pasado, cuando recibieron la notificación de una demanda presentada por la empresaria Irma Iturriaga Zelaya y el propietario de Río Restobar, quienes exigen la restitución del terreno que supuestamente ocupan de manera ilegal. A pesar de que la familia había adquirido el terreno en 1973 mediante un contrato de compraventa, la falta de inscripción en el registro de bienes raíces ha puesto en entredicho su derecho a la propiedad, dejando a la familia en una posición legal vulnerable.
La situación se ha tornado aún más compleja debido a un error administrativo por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, que representa a la familia Gutiérrez Martínez. Daniela Gutiérrez, hija de los afectados, explicó que la corporación presentó la defensa un día tarde, lo que resultó en el rechazo de todas sus alegaciones en un juicio que se consideró cerrado. «Es injusto, no tuvimos la oportunidad de demostrar la veracidad de nuestra situación», lamentó Daniela, poniendo de manifiesto la frustración y el desespero de su familia ante la falta de tiempo y recursos para contrarrestar la demanda en los tribunales.
Los abogados particulares han confirmado que, debido al retraso en la presentación de la oposición por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, no existen opciones legales que permitan revertir el desalojo. Daniela relató que las noticias que recibieron fueron desalentadoras: «Nos dijeron que ya no podemos hacer nada, solo nos queda acatar el desalojo y buscar un nuevo hogar». Esta situación ha dejado a la familia Gutiérrez Martínez en un estado de incertidumbre, ya que no contaban con un lugar alternativo donde vivir.
La familia hizo intentos por obtener más tiempo para poder encontrar un nuevo lugar donde residir, pero estos esfuerzos fueron en vano. La solicitud para extender el plazo del desalojo fue rechazada por el tribunal que no consideró adecuados los motivos humanitarios expuestos por la familia. Daniela expresó su frustración: «Solicitamos un mes para preparar nuestro traslado, pero nos lo negaron. Nos dieron un tiempo extremadamente corto para resolver una situación tan crítica». Este rechazo refleja la falta de compasión del sistema judicial ante casos de vulnerabilidad.
Con todas las opciones legales agotadas y la presión del tiempo en contra, la familia Gutiérrez Martínez ha comenzado a aceptar la realidad de su inminente desalojo. «Ya dimos por perdida la tierra. Ahora estamos buscando un arriendo para poder mudarnos», afirmó Daniela, quien también alertó sobre la posibilidad de que Carabineros lleguen en cualquier momento para ejecutar la orden de desalojo. Este desafortunado capítulo en la vida de la familia no solo resalta problemas en el acceso a la justicia, sino también un llamado a la reflexión sobre la situación de muchas familias que enfrentan desalojo sin los recursos necesarios para defenderse.