El desarrollo inmobiliario que impulsa la familia del expresidente Sebastián Piñera en Bahía Coique, por un valor aproximado de 40 millones de dólares, ha enfrentado un primer contratiempo en su proceso de evaluación ambiental. La inmobiliaria Arenas Blancas S.A., controlada por los hijos de Piñera, recibió un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Ríos. Este informe señala diversas observaciones sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por el proyecto, que planea construir 208 viviendas vacacionales en dos fases entre 2026 y 2033. El SEA ha puesto en duda la viabilidad del segundo segmento del proyecto debido a la falta de detalles significativos, lo que ha suscitado inquietudes sobre el impacto real que podría tener en la zona.
Uno de los planteamientos del SEA se centra en la falta de claridad respecto al sistema de tratamiento de aguas servidas que se utilizará en el proyecto, exigiendo pruebas contundentes de que este cumple con las normativas sanitarias. Aunque la inmobiliaria ha presentado algún respaldo, la documentación proporcionada solo hace referencia a un certificado de 1995, lo que levanta serias dudas sobre la capacidad actual y futura de dicho sistema. La inconsistencia en la cifra de viviendas y la subestimación en la generación de aguas residuales, estimadas en 604 mil litros diarios, han sido también motivo de críticas por parte del SEA, lo que muestra una compleja situación para la viabilidad del proyecto.
Además, el proceso de evaluación ambiental está marcadamente influido por la participación ciudadana, donde se han recibido múltiples solicitudes de aclaraciones, incluyendo una denuncia del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín Pizarro. Larraín ha señalado la existencia de una «empresa sanitaria informal» que, según él, busca facilitar el desarrollo inmobiliario sin contar con la infraestructura necesaria. Sus acusaciones se fundamentan en frecuentes filtraciones y derrames de aguas residuales, agraviados por las lluvias, así como en la falta de una planta de tratamiento adecuada, lo que subraya la falta de atención a problemas ambientales y sanitarios críticos.
El SEA ha abordado también la preocupación por el posible impacto que el proyecto podría tener sobre los humedales Río Coique y Lago Ranco. Estos ecosistemas, que están incluidos en el Catastro Nacional de Humedales, requieren que los desarrolladores justifiquen adecuadamente cualquier efecto derivado de las obras propuestas. La DIA sostiene que el Lago Ranco se encuentra a una distancia segura de 60 metros de la zona de intervención; sin embargo, el SEA insiste en que deben realizarse estudios que analicen de manera contundente los posibles efectos derivados de actividades como el escarpe de terreno, desvío de aguas y el manejo de aguas pluviales, lo que podría resultar en un riesgo para estos ecosistemas.
En conclusión, el ambicioso proyecto inmobiliario de la familia Piñera en Bahía Coique enfrenta serios desafíos tanto legales como ambientales. La falta de una evaluación integral y la presión de la participación ciudadana, junto con las dudas sobre la infraestructura sanitaria y el impacto en los humedales, ponen en una situación difícil a un desarrollo que inicialmente se proyectaba como un nuevo atractivo turístico y habitacional en la región. El SEA ha dejado claro que es necesaria una revisión exhaustiva para garantizar que el crecimiento urbano no atente contra el medioambiente y la salud pública, lo que pone en la balanza el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de espacios naturales.