En marzo de 2024, el grupo de medios Copesa dio a conocer el despido de Marcela Ceruti, quien había ejercido como gerenta de marketing de La Tercera durante casi 15 años. Este evento, aunque inicialmente pasó desapercibido, adquirió relevancia cuando se reveló que la empresa cometió un error significativo en el cálculo de su finiquito, cifrado en $73 millones. El error fue aún más grave al no respetar una cláusula contractual que garantizaba la indemnización por años de servicio, la cual no estaba sujeta al límite legal de 11 años. Este despido y sus implicaciones han puesto en el centro del debate la gestión y las prácticas laborales dentro de la compañía, generando una ola de controversia en el sector periodístico.
La situación dio un giro inesperado en septiembre de 2024, cuando Ceruti decidió iniciar una demanda laboral contra Copesa. En su reclamación, la exgerente expuso la existencia de una segunda empresa, Comercializadora GC, que supuestamente estaba captando los ingresos generados por La Tercera, lo que resultaba perjudicial para Copesa. Ceruti argumentó que, debido a las dificultades financieras que atravesaba la empresa, se habían implementado estrategias para desviar utilidades hacia esta nueva entidad. Según ella, las suscripciones a La Tercera se procesaban indistintamente a nombre de ambas empresas, pero eran los ingresos de Comercializadora GC los que realmente se percibían.
Los datos presentados en la demanda revelaron una disparidad alarmante en los contratos entre Copesa y Comercializadora GC. Mientras que Copesa acumuló solo $25 millones en contratos durante 2024, su contraparte obtuvo $199 millones. Este desfase en los ingresos llevó a Ceruti a solicitar al tribunal laboral que declarara a ambas entidades como un solo empleador, alegando que existía una maniobra para ocultar y desviar patrimonio. El caso no solo tiene implicaciones para las partes involucradas, sino que también pone en evidencia un posible quiebre en la transparencia de las operaciones financieras del grupo Copesa.
Frente a esta serie de acusaciones, Copesa no tardó en reaccionar y, en noviembre de 2024, presentó una querella contra Ceruti por revelación de secretos comerciales y delitos informáticos. En esta demanda, la empresa acusó a la exgerente de haber utilizado documentos confidenciales que había obtenido durante su tiempo en la compañía. Las pruebas presentadas incluían información sobre contratos, compras y ventas de Comercializadora GC y detalles sensibles sobre sueldos de otros empleados. Esta contraofensiva legal subrayó la compleja relación entre las dos instituciones y acentuó la controversia que rodeaba el caso.
Finalmente, tras meses de litigio, el 25 de febrero de 2025, se dio por terminado el conflicto a través de un acuerdo conciliatorio entre Ceruti y Copesa. Ambas partes acordaron el pago solidario de $59 millones en 10 cuotas mensuales, además del finiquito pendiente. En este marco, Copesa desistió de su querella por violación de secretos comerciales y renunció a cualquier acción legal contra la exgerente. Ceruti, por su parte, optó por no continuar con la cobranza judicial laboral, cerrando así un capítulo complicado en su carrera y dejando en el aire numerosas interrogantes sobre las prácticas corporativas de Copesa y Comercializadora GC.