La Controlaría General de la República ha recomendado la destitución del subcomisario Gonzalo Fuentes, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Calama, tras determinar que cometió una falta grave al extraviar una prenda clave en la investigación de una violación grupal. Este incidente ocurrió en el contexto de una denuncia presentada en 2021 por una joven agredida por nueve cadetes del club de fútbol Cobreloa. La decisión final sobre el futuro del subcomisario Fuentes recae en Eduardo Cerna, director de la Policía de Investigaciones (PDI), quien deberá evaluar las circunstancias y la gravedad de la falta cometida.
El caso que involucra a Gonzalo Fuentes se remonta a la madrugada del 18 de septiembre de 2021, cuando Carabineros de Calama incautó un vestido negro que pertenecía a la víctima. Esta prenda fue entregada a la PDI a través de un proceso de «cadena de custodia», cuya finalidad es garantizar la integridad y disponibilidad de la evidencia durante una investigación. Sin embargo, según informes de La Tercera publicados en septiembre de 2024, la prenda se perdió, lo que ha generado serias dudas sobre el manejo de la evidencia y ha impedido realizar pericias cruciales solicitadas por la defensa de la joven.
La abogada querellante, Patricia Muñoz, ha calificado este suceso como una «manifiesta negligencia» por parte de las autoridades policiales. Muñoz expresó su preocupación por las irregularidades que ya habían afectado el manejo de este caso: desde el retraso en la atención de la denuncia original, que demoró tres años el procedimiento penal, hasta este último extravío que pone en evidencia fallas significativas en los protocolos de investigación. Según Muñoz, estos errores comprometen la confianza en la efectividad de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
A pesar de las dificultades y la pérdida de la prenda clave, la abogada Muñoz lanzó un mensaje de firmeza sobre el futuro del caso, asegurando que el extravío no debilita la solidez de la acusación contra los nueve imputados. «La participación de los acusados no ha sido puesta en duda», afirmó, lo que sugiere que, a pesar del manejo inadecuado de la evidencia, los opciones de obtener justicia siguen presentes. La confusión e incertidumbre alrededor de la investigación han llevado a la abogada a solicitar sanciones ejemplares para quienes son responsables de estos deslices.
La situación actual en la Brigada de Investigación Criminal ha desatado un debate sobre la necesidad de mejorar los procedimientos de manejo e investigación de evidencia en casos sensitivos como este. La destitución del subcomisario Fuentes, si se lleva a cabo, podría sentar un precedente respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en la investigación de delitos de alta gravedad. La expectativa está centrada en cómo la PDI, bajo la dirección de Eduardo Cerna, abordará esta recomendación, así como las repercusiones que tendrá para la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en el país.