El pasado miércoles 30 de abril de 2025, un violento operativo policial-militar desató el caos en la comunidad mapuche pewenche del lof Rgaliko, ubicado en Alto Biobío. Desde las 5 AM, las fuerzas del orden llevaron a cabo un allanamiento que terminó por arrestar a la defensora ambiental Isabel Gatica Palavecino, quien se encontraba trabajando en actividades comunitarias. Este acto fue calificado como un uso desmedido de la fuerza, con relatos de la werken Miriam Purran que describen cómo los agentes ingresaron a las viviendas apuntando con sus armas a lugares vacíos. La acusación inicial contra Gatica fue por usurpación, un cargo que, según organizaciones de derechos humanos, forma parte de una criminalización sistemática de la defensa del territorio por parte de los mapuches.
Un día después de su arresto, el 1 de mayo, el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara declaró ilegal la detención de Isabel Gatica, lo que resultó en su liberación tras varias horas tras las rejas. Esta decisión fue celebrada por diversas organizaciones socioambientales que habían levantado su voz en solidaridad con la defensora, resaltando la violencia ejercida por los carabineros durante el operativo. Gatica, después de su liberación, anunció su intención de emprender acciones legales contra los responsables de su detención, en particular contra el carabinero que le apuntó con una escopeta cuando se encontraba en el suelo, evidenciando así un agravio a sus derechos y seguridad.
A pesar de la liberación de Isabel Gatica, la situación en el lof Rgaliko sigue siendo crítica. Radio Kurruf reportó que la comunidad ha estado bajo vigilancia militar continua, con restricciones de acceso y disparos reportados por parte de Carabineros. Siete familias que resisten en la zona, reclamando su territorio ancestral, han quedado expuestas a un clima de tensión y violencia. Este contexto pone de manifiesto la lucha prolongada de la comunidad mapuche por la defensa de su tierra y cultura, así como la alarmante represión que enfrentan los defensores ambientales en el país.
El episodio de detención ilegal de Isabel Gatica se enmarca dentro de una tendencia más amplia de represión hacia las comunidades mapuche y aquellos que abogan por la protección del medio ambiente. Ante ello, figuras políticas como la diputada Clara Sagardía Cabezas han expresado su preocupación, instando a que se respete el tratado de Escazú que aboga por la protección de los defensores de derechos humanos y ambientales. La diputada hizo un llamado público para finalizar con la criminalización de quienes defienden el territorio y el medioambiente, enfatizando la importancia de sus roles en la sociedad.
La combinación de represión policial y la lucha por la territorialidad mapuche revela un panorama complejo que requiere atención urgente. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la defensa del territorio no debe ser considerada un delito y han exigido medidas efectivas para garantizar la seguridad de los defensores ambientales. Lo ocurrido con Isabel Gatica representa no solo un caso individual, sino una manifestación del conflicto más amplio sobre la autodeterminación y la protección de los recursos naturales, apuntando a la necesidad de un diálogo genuino que reconozca y respete los derechos de las comunidades indígenas en Chile.