El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha tomado acciones legales tras la detención errónea de dos jóvenes en la comuna de Ñuñoa, ocurrida el 5 de marzo. Durante un operativo policial, los primos, de 21 y 23 años, fueron arrestados por Carabineros en medio de un incidente en el que un sargento intentaba detener un ataque violento. La querella presentada por el INDH denuncia apremios ilegítimos y pone de relieve una serie de abusos sufridos por los jóvenes tras su captura.
De acuerdo a la información provista por el INDH, los jóvenes salieron a comprar comida cuando escucharon disparos en su vecindario y, por instinto de supervivencia, decidieron ocultarse. En un giro desafortunado, se encontraron con un motociclista armado que, sin identificación visible, los persiguió y, al sentirse amenazados, intentaron escapar. Esto llevó a su interceptación por parte de Seguridad Ciudadana y posteriormente por Carabineros, quienes, según la denuncia, los golpearon durante el proceso de detención.
En la comisaría, la experiencia de los primos se tornó aún más angustiante. Fueron amenazados y fotografiados, con imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, vinculándolos erróneamente a un delito que no cometieron. A pesar de que su inocencia fue confirmada posteriormente y fueron liberados, el daño a su reputación y bienestar emocional ya estaba hecho. La exposición pública de sus imágenes ha traído consigo un sufrimiento que va más allá de lo físico.
Además, el INDH ha revelado que uno de los funcionarios que golpeó a los jóvenes los tomó bajo su custodia en un Centro de Salud Familiar (Cesfam), donde continuó la intimidación para evitar que hablaran sobre las lesiones que habían sufrido. Esta práctica de intimidación es alarmante y refleja una falta de respeto total a los derechos humanos de los individuos, quienes, en lugar de recibir protección, fueron objeto de abuso por parte de aquellos encargados de velar por su seguridad.
La querella del INDH no solo busca justicia para los jóvenes afectados, sino que también exige que se tomen medidas contra los funcionarios involucrados en este caso. Se solicita que sean citados a declarar ya sea como testigos o imputados, buscando establecer la verdad detrás de estos graves acontecimientos. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de garantizar que las fuerzas del orden actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos, preveniendo que incidentes de este tipo se repitan en el futuro.