Un escándalo de presunto espionaje político ha sacudido la Municipalidad de Lautaro, luego de que se filtrara un video grabado sin autorización mediante las cámaras de seguridad municipales. Esta controversial situación ha llevado a funcionarios a acusar al alcalde Ricardo Jaramillo de utilizar dichas grabaciones con propósitos políticos, infrigiendo así la privacidad de los trabajadores. La situación se torna alarmante, ya que la confianza en la administración municipal se ve profundamente afectada por estas acciones, que son consideradas un abuso de poder y una violación de derechos fundamentales.
Las acusaciones han sido seriamente respaldadas por la investigación de Radio Universal, que ha señalado específicamente al director de Seguridad, Daniel Moraga, como el encargado de filtrar información sensible al alcalde Jaramillo. Se alega que estos datos fueron obtenidos a través de grabaciones clandestinas de conversaciones privadas en las oficinas municipales. Los impactos de esta situación podrían ser devastadores, ya que algunos despidos recientes parecen estar relacionados con estas grabaciones, sugiriendo que se estarían justificado de manera arbitraria y selectiva, lo cual plantea dudas sobre la integridad del proceso administrativo en la municipalidad.
A pesar de las afirmaciones de inocencia del alcalde, el municipio ha decidido abrir un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias que rodean la grabación y su posterior filtración. Sin embargo, muchos exfuncionarios han expresado preocupaciones sobre una posible persecución política, argumentando que sus despidos se deben únicamente a sus conexiones con el exalcalde Raúl Schifferli. Testimonios recogidos indican que el alcalde Jaramillo habría requerido en su momento la instalación de cámaras con capacidad de grabación de audio, una solicitud que fue rechazada por el director jurídico Raúl Henríquez debido a su ilegalidad, reforzando así las sospechas de un posible sistema de vigilancia generalizado en el municipio.
Hasta ahora, la denuncia ha permanecido sin respuesta durante más de tres meses, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los empleados municipales. Los funcionarios afectados han elevado sus quejas al Concejo Municipal, pero solo después de que Luis Báez iniciara una acción legal por la exposición no consentida de su imagen, el caso comenzó a recibir la atención que merece. Actualmente, exigen que el Concejo envíe los antecedentes pertinentes a la Contraloría General de la República para que se investigue un posible «notable abandono de deberes» por parte del alcalde, lo que podría tener repercusiones significativas para su gestión.
Este escándalo en la Municipalidad de Lautaro trae a la memoria otros casos de espionaje político en el país, como el sucedido en la Municipalidad de Independencia, donde un alto funcionario fue destituido por situaciones similares. La gravedad de la situación subraya la necesidad de establecer mecanismos de control y transparencia en la administración pública, para prevenir abusos y garantizar la protección de los derechos de todos los trabajadores municipales. La atención pública se centra ahora en cómo se desarrollará esta investigación y las posibles sanciones que podrían enfrentarse quienes se encuentran involucrados en estas prácticas poco éticas.