Desde su presentación en abril de 2023, la Estrategia Nacional del Litio (ENL) ha sido calificada por el Gobierno chileno como un pilar fundamental para enfrentar la crisis climática y potenciar el desarrollo económico del país. Según La Moneda, esta estrategia no solo busca aumentar la producción de litio, un mineral esencial para la transición energética global, sino hacerlo de manera que garantice la soberanía y sostenibilidad. Sin embargo, diversos analistas y organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de esta estrategia, que se implementa en un contexto donde ya existen importantes tensiones socioambientales en los territorios ricos en litio, especialmente en el norte de Chile.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha estado monitorizando de cerca la implementación de la ENL y sus consecuencias. A través de varias solicitudes de información y estudios de casos en comunidades afectadas, OLCA ha recopilado evidencias que alertan sobre el avance de la explotación del litio y sus impactos en los ecosistemas. En su informe titulado «Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio», los investigadores argumentan que los planes del Gobierno priorizan los intereses empresariales sobre las necesidades de conservación ambiental y respeto a los derechos de las comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas frágiles.
Entre las principales críticas se encuentra la falta de un enfoque real hacia una transición energética justa. Aunque el Gobierno se presenta como un defensor de los valores socioambientales, OLCA asegura que la realidad es que no hay un compromiso firme para abandonar las actividades extractivistas que han causado estragos en el medio ambiente. Más bien, se observa una tendencia hacia el fortalecimiento de alianzas público-privadas que favorecen la explotación de los salares – zonas de alto valor ecológico y cultural – dejando en la sombra la urgencia de crear áreas protegidas efectivas y procesos de consulta genuinos con las comunidades locales.
Además, el informe expresa preocupaciones sobre la técnica de extracción directa de litio (EDL), promocionada como una solución que garantiza eficiencia y menor impacto ambiental. OLCA advierte que esta técnica no ha sido validada a gran escala y podría tener consecuencias desastrosas para la red hídrica de los salares. El uso de esta innovadora pero poco probada metodología representa un riesgo significativo para la biodiversidad local, ya que podría intensificar la presión sobre el agua disponible en un entorno ya severamente afectado por la actividad minera. A pesar de estas advertencias, las estrategias del Estado parecen centrarse más en satisfacer demandas del sector privado que en asegurar prácticas responsables con el medio ambiente y las comunidades.
Por otra parte, la falta de un verdadero proceso de consulta y participación ha sido señalada como un punto crítico por OLCA. Las comunidades, en muchos casos, no han sido informadas o incluidas adecuadamente en los diálogos sobre la ENL, lo que ha generado desconfianza y rechazo ante un modelo que parece no considerar sus preocupaciones. Testimonios como el de Leyla Noriega, de la comunidad indígena Belén, ilustran la desconexión entre las autoridades y las realidades de aquellos que habitan en los territorios afectados. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de repensar el enfoque del Gobierno hacia la gestión de los recursos naturales, priorizando la transparencia, el respeto por los derechos de las comunidades y la sustentabilidad a largo plazo frente a los beneficios inmediatos de la explotación.