El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha hablado enérgicamente sobre la reciente excarcelación del sicario venezolano Osmar Ferrer, quien fue condenado por el asesinato del conocido delincuente apodado el «rey de Meiggs». En su declaración, Gajardo dejó en claro que Gendarmería no puede ser considerada responsable de esta decisión, argumentando que la institución tiene el deber de acatar las órdenes judiciales y no cuestionarlas. Este punto es crucial, ya que implica que el foco de la responsabilidad debe recaer sobre el Poder Judicial, el cual, según el ministro, emitió comunicados que llevaron a la confusión y, en última instancia, a la liberación del delito cometido por Ferrer.
Gajardo expresó su preocupación y descontento por la situación, enfatizando que la excarcelación de un delincuente de esta magnitud no debió ocurrir. Apuntó con claridad que el Poder Judicial «nunca debió haber emitido o dejado sin efecto una resolución judicial» y que, al comunicar dicha decisión a Gendarmería, se generó un grave error. Según el ministro, es esencial investigar a fondo cómo se desarrollaron los tres oficios judiciales enviados el 10 de julio, ya que esta serie de errores podría revelar fallas sistemáticas en el propio funcionamiento del Poder Judicial.
El ministro también destacó la función de Gendarmería, que, según su declaración, no se encuentra autorizada a cuestionar las órdenes recibidas. «Gendarmería tiene que cumplir las órdenes judiciales porque esa es su función, no puede estar cuestionándolas», subrayó Gajardo, insistiendo en que cualquier intento de hacerlo sería una violación a la Constitución. Este aspecto subraya el principio de separación de poderes en el que se basa el sistema judicial y carcelario del país.
En un entorno donde la comunicación entre las instituciones es fundamental, Gajardo aclaró que Gendarmería no participa directamente en los procesos judiciales y, por lo tanto, no recibe copias detalladas de lo que se discute en las audiencias de medidas cautelares. Solo se le entrega un oficio notificándole de la decisión tomada. Al respecto, el ministro remarcó que Gendarmería no tiene la obligación de buscar explicaciones sobre los fundamentos de las decisiones judiciales. Esta falta de interacción podría ser responsable de que la institución carcelaria operara sobre información incompleta o confusa.
Finalmente, el ministro Gajardo hizo hincapié en que la orden de liberación de Ferrer llegó a través de un conducto oficial y contaba con los mecanismos necesarios de verificación. Sin embargo, lo que se está investigando son las irregularidades en los tres oficios judiciales emitidos. Esta situación de «desprolijidad del Poder Judicial» pone en la mira la necesidad de establecer protocolos más claros y eficientes, que permitan evitar que casos tan serios como la excarcelación de un sicario queden al descubierto, restando credibilidad a las instituciones encargadas de velar por la justicia y la seguridad en el país.