El excandidato a alcalde de Chillán, Fernando Briones, quien contaba con el respaldo del Partido Libertario, fue detenido este jueves por desacato a una orden de alejamiento emitida por un Juzgado de Familia. La Brigada de Investigación Criminal de Chillán llevó a cabo el arresto del hombre de 31 años tras ser denunciado por agredir a su expareja. Este hecho ha remarcado una preocupante situación de violencia de género que ha sido objeto de atención mediática y social en los últimos años.
La orden de alejamiento fue dictada por el tribunal tras considerar antecedentes de violencia intrafamiliar presentada por la víctima. Sin embargo, a pesar de esta medida cautelar, Briones habría incumplido la orden y procedido con la agresión, lo que pone de relieve las deficiencias en la protección de las víctimas. La situación ha generado un fuerte repudio en la comunidad, que exige medidas más efectivas para garantizar la seguridad de quienes denuncian violencia.
Fernando Briones, quien se desempeñó como abogado y excarabinero, fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Chillán, frente a la jueza Paulina Zapata Rodríguez. En la audiencia, la fiscal Claudia Zárate Rojas solicitó la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad de los hechos. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el tribunal, lo que ha generado críticas y preocupaciones entre la población sobre la respuesta del sistema judicial ante casos de violencia intrafamiliar.
Ante el rechazo de la prisión preventiva, la Fiscalía decidió apelar la decisión, y se ha programado una nueva audiencia en la Corte de Apelaciones de Chillán. En esta instancia, se espera que se reevalúe la situación de Briones y se pueda dictar una medida de resguardo más adecuada para la víctima. La expectativa general es que la justicia actúe con la urgencia y rigor que exige la situación, dada la gravedad de las denuncias.
En el contexto actual de creciente atención hacia la violencia contra las mujeres, el caso de Fernando Briones se convierte en un símbolo de los retos que enfrenta la sociedad chilena en cuanto a la protección de las víctimas. Las autoridades y la comunidad civil demandan un compromiso firme para erradicar la violencia intrafamiliar y garantizar que las órdenes de alejamiento sean efectivas y respetadas, evitando así que sucesos como este sigan ocurriendo.