El equipo jurídico de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, presentó este martes una querella por violación de secreto de funcionario público en contra de aquellos que sean responsables de la filtración ilegal y la posterior difusión de conversaciones privadas en los medios de comunicación. En el marco de la investigación penal del caso «Sierra Bella», la defensa sostiene que estas comunicaciones no poseían relevancia jurídica y, por lo tanto, su divulgación constituye una violación de la privacidad de Hassler. Este procedimiento legal se enmarca en un contexto de creciente preocupación sobre la protección de datos personales y la ética en la actuación de los funcionarios públicos.
Según las declaraciones del equipo legal de Hassler, la filtración de los mensajes se habría producido tras una entrega indebida de información por parte del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, al alcalde Mario Desbordes, quien no formaba parte de la investigación. Este hecho, según la defensa, contraviene las directrices establecidas por la Fiscalía Nacional para el manejo de casos de alta complejidad. La gravedad de la situación radica en la potencial desconfianza que puede generar entre las instituciones encargadas de la justicia y los ciudadanos, en un momento en que la transparencia es clave.
Los abogados de Hassler argumentaron que los mensajes filtrados eran de carácter estrictamente privado y no estaban relacionados con el caso investigado. Esto contrasta con una afirmación previa del propio fiscal Cooper, quien, según informa la defensa, reconoció que dichas conversaciones eran irrelevantes para los procedimientos en curso. En este sentido, la defensa ha enfatizado que el incumplimiento de las normas por parte de Cooper no solo afecta a Hassler, sino que pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial.
La resolución de la querella también tiene implicaciones relevantes en el ámbito legal chileno. La defensa busca realizar diligencias para identificar a los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la filtración, así como determinar sus eventuales responsabilidades penales. Esta solicitación reafirma la intención de Hassler de buscar justicia frente a lo que califican como una violación de su derecho a la privacidad, y el respeto a las normativas que regulan la conducta de los funcionarios públicos.
Finalmente, en su comunicado, el equipo jurídico de Irací Hassler ha mencionado la necesidad de citar a declarar al alcalde Mario Desbordes y al Fiscal Cooper para esclarecer cómo y por qué accedieron a la información privada. La defensa ha subrayado que esta situación no solo representa un ataque injustificado a la privacidad de la exalcaldesa, sino que también es una vulneración ética y legal por parte de las autoridades, lo que podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.