Las recientes renuncias de funcionarios clave en el gobierno de Gabriel Boric, como la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el jefe de asesores, Miguel Crispi, han desnudado una gestión repleta de turbulencias en su último año de mandato. Estos movimientos no son meros ajustes de gabinete; son indicios claros de una debilidad estructural que amenaza con desestabilizar al Ejecutivo chileno. En un contexto político cada vez más tenso, donde la oposición se siente fortalecida por estos tropiezos, la administración Boric se enfrenta a la urgencia de restaurar la confianza ciudadana y reinstaurar un liderazgo firme que hasta ahora ha sido cuestionado.
El caso de Maya Fernández es particularmente ilustrativo de las dificultades que atraviesa este gobierno. La controversia relacionada con la fallida compra de la casa de Salvador Allende no es solo un traspié administrativo, sino que resalta la falta de previsión política que ha caracterizado al Ejecutivo. A pesar de las advertencias acerca de la inconstitucionalidad del acto, la gestión continuó, lo que llevó a una presión cada vez mayor tanto de la oposición como de sectores dentro del oficialismo. La dimisión de Fernández no solo actúa como un intento de evitar una posible acusación constitucional, sino que también evidencia una administración que parece actuar solamente una vez que las crisis han llegado a un punto insostenible.
La renuncia de Miguel Crispi, un importante referente del Frente Amplio y figura clave en la administración Boric, representa otro duro golpe para el gobierno. Su salida se produce en un momento crítico, marcado por la controversia en torno al caso Convenios y una serie de tensiones con la oposición. Crispi, quien había jugado un rol fundamental en el equipo del presidente, ha dejado un vacío que profundiza la percepción de opacidad y desorganización en la gestión política del Ejecutivo. Con su partida, surgen dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener un equipo cohesionado y eficaz frente a los constantes embates de la oposición y la crítica mediática.
La percepción pública acerca de estas renuncias es que llegan demasiado tarde. La ciudadanía había esperado que el gobierno adoptara decisiones más proactivas frente a los escándalos que han marcado su mandato, en lugar de ser forzado a actuar solo cuando la presión se torna insostenible. Esta actitud reactiva refuerza una imagen de un Ejecutivo débil y, a menudo, acorralado ante la crítica, lo que, en última instancia, erosiona la confianza popular y alimenta la narrativa de un gobierno que no logra gestionar su propia crisis.
Con la culminación del mandato de Gabriel Boric en el horizonte, el gobierno se encuentra ante el desafío inminente de fortalecer su cohesión interna y recuperar la credibilidad frente a una oposición que busca tomar ventaja de los errores cometidos. El liderazgo opositor de figuras como Matthei, Kast o Kayser se articula en torno a la percepción de un gobierno sin rumbo y en crisis. En este sentido, el interrogante crucial es si el oficialismo será capaz de recomponer su imagen y cerrar su mandato con estabilidad, o si las renuncias recientes son un signo de un colapso inminente del proyecto político iniciado por Boric. Con cada renuncia, el gobierno revela más su fragilidad, mostrando al país una incapacidad política que se pone de manifiesto en la falta de experiencia y astucia para manejar los destinos nacionales.