Las voces críticas en torno a la figura de Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), continúan multiplicándose tras su implicación en la fallida compra del inmueble en Guardia Vieja, que perteneció al expresidente Salvador Allende. Este lunes, en una sesión de la Comisión Investigadora del caso, Moya reveló que conocía la normativa que inhabilitaba a la senadora Isabel Allende, así como a la exministra de Defensa Maya Fernández, para suscribir contratos con el Estado. Su declaración ha intensificado las dudas sobre su desempeño, generando un torrente de críticas tanto del sector opositor como de miembros de la coalición oficialista.
Entre los que han cuestionado a Moya se encuentra el senador Alfonso de Urresti (PS), quien, en la misma comisión, no dudó en calificar su actitud como un grave error de juicio. «Si conocía la norma constitucional y no la advirtió, eso demuestra una total falta de criterio político», afirmó. Esta crítica refleja un descontento creciente dentro del bloque gobernante, donde algunos consideran que su permanencia en el cargo podría socavar aún más la confianza pública en la administración de Gabriel Boric.
El abogado Mauricio Daza también se sumó a las críticas, utilizando su cuenta de X para dirigir sus palabras hacia el Presidente Boric. Afirmó que el sentido republicano del Presidente debe manifestarse en la responsabilidad que asume por los cargos de confianza política, sugiriendo que continuar con Moya en su puesto es inaceptable. Este llamado pone de relieve la fragilidad de la lealtad política en tiempos de crisis, donde la presión social y política obliga a los líderes a tomar decisiones difíciles respecto a sus allegados.
Francisca Moya, abogada de la Universidad de Chile, con un máster en leyes de la London School of Economics, ha sido parte del gabinete actual desde el inicio del gobierno de Boric, donde se destacó como colaboradora del exministro Giorgio Jackson. Su trayectoria no ha estado exenta de polémicas; se le recuerda por su participación en la elaboración del borrador que propuso la amnistía para los detenidos durante el estallido social, lo que provocó tensiones significativas en el gobierno. Esta serie de incidentes ha generado un clima de incertidumbre sobre su capacidad para desempeñar su rol de manera imparcial.
El vínculo cercano de Moya con el Presidente Boric, cultivado durante sus años de estudio en la Facultad de Derecho, ha complicado aún más su situación. Ambos compartieron momentos clave durante su formación académica, y el Mandatario ha manifestado públicamente su afecto hacia ella. Sin embargo, este lazo personal podría verse como un obstáculo para la objetividad y la rendición de cuentas que se requieren en su puesto actual, en un contexto donde la credibilidad del gobierno está en juego. La continuidad de Francisca Moya en la Segpres podría depender no solo de su capacidad profesional, sino también de la presión social y política que surja en los próximos días.