La Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por la fiscal Claudia Perivancich, ha dado un paso significativo en el caso conocido como «Papaya Gate», solicitando la formalización de la investigación por fraude al fisco. Entre los imputados se encuentra la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, y el exadministrador regional José Cáceres, así como varios empresarios involucrados en la controvertida compra de terrenos en La Serena por un valor exorbitante de $9.800 millones. Esta compra fue objetada anteriormente por la Contraloría, lo que resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una respuesta judicial contundente.
Los hechos que motivan la investigación se remontan entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, periodo en el cual Pinto es acusada de ser «presunta autora del delito de fraude al fisco consumado», según el artículo 239 del Código Penal. El exadministrador regional, José Cáceres, también enfrentará cargos por su participación en esta operación. Además, se ha incluido a Pablo Bracchitta, exgerente de las inmobiliarias que vendieron los terrenos, y otros empresarios que serán formalizados por delitos tributarios relacionados con el caso.
La solicitud de la fiscalía para fijar una audiencia de formalización marca un hito en esta investigación que comenzó a tomar forma tras la exposición pública del escándalo en septiembre de 2020, impulsado por el medio Radio Bío Bío. El escándalo fue alimentado por las denuncias de sobrevaloración en la transacción de terrenos, que a pesar de las advertencias de la Contraloría, fueron adquiridos a inmobiliarias del Grupo CPS, lo que ha dejado en entredicho la gestión y transparencia del gobierno regional al mando de Pinto.
Las revelaciones posteriores sobre el modus operandi de los implicados han sido documentadas detalladamente por Diario El Día, que obtuvo acceso a documentos clave de la investigación. El caso no solo ha atraído la atención de la opinión pública, sino que también ha suscitado acciones en el ámbito legislativo, como la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, lo que subraya su importancia a nivel nacional.
A medida que se aproxima la audiencia de formalización, programada para septiembre de 2024, los abogados defensores de los empresarios han calificado el caso como una «polémica artificial» con razones políticas subyacentes. Sin embargo, la fiscalía sostiene que la evidencia recopilada respalda la afirmación de que hubo un claro perjuicio al fisco, planteando así un escenario crítico para los acusados y la posibilidad de sanciones penales que podrían marcar un precedente en casos de corrupción en el país.