El reciente informe de CIPER Chile ha desatado un intenso debate sobre la actuación de la Fiscalía Regional de O’Higgins en el marco del Caso Hermosilla, que investiga presuntos actos de tráfico de influencias en el ámbito judicial. Según se dio a conocer el 25 de abril, el fiscal regional Aquiles Cubillos hizo un ofrecimiento sin precedentes al ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, permitiéndole seleccionar qué mensajes de su teléfono incautado con el abogado Luis Hermosilla serían extraídos. Esta medida ha sido interpretada por algunos como un intento de proteger la vida privada del magistrado, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la impartialidad y transparencia en las investigaciones que involucran a figuras de alto perfil.
Héctor Mery, exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y conocido por sus vínculos con la Fundación Jaime Guzmán, fue allanado como testigo en esta compleja investigación. Aunque su defensa alega violaciones a sus derechos debido a la falta de información sobre los motivos del allanamiento realizado el pasado 24 de marzo, la Fiscalía ha defendido su enfoque, argumentando que su interés se centra únicamente en la investigación de delitos y no en la vida privada de los involucrados. A pesar de ello, los expertos legales cuestionan si permitir que un investigado seleccione qué evidencia se presenta es un paso positivo en la búsqueda de justicia o si representa un precedente peligroso que podría socavar futuras indagatorias.
La investigación gira en torno a la relación entre Mery, Hermosilla y el ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes, de acuerdo con audios filtrados, estarían involucrados en la coordinación de designaciones judiciales irregulares. El contexto plantea ahora serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial chileno y cómo las redes de influencia pueden poner en riesgo la equidad en el proceso de nombramientos. Con la Corte Suprema aún pendiente de emitir un fallo sobre la validez del allanamiento, el escepticismo y la tensión aumentan alrededor de cómo se manejarán las pruebas y testimonios en el futuro.
En un contexto en el que ya se han expuesto redes de poder en el ámbito judicial a través de los audios de Hermosilla, la posibilidad de que otros investigados pudieran solicitar manejar su propia evidencia podría abrir una caja de Pandora de controversias legales. Los implicados, al igual que la defensa de Ulloa, insisten en la ilegalidad de la obtención de las pruebas, lo que lleva a un terreno resbaladizo donde los derechos individuales de aquellos bajo investigación deben ponderarse cuidadosamente frente al interés público en la justicia. La discusión sobre privilegios judiciales se intensifica a medida que se desarrollan los acontecimientos.
Mientras el caso continúa en la mira pública, la Fiscalía ha mantenido cierta reserva, absteniéndose de comentar en detalle sobre el acuerdo con Mery. Esto no ha hecho más que alimentar la percepción de un sistema que, en teoría, busca ser transparente pero que puede estar en riesgo de ceder ante las presiones y privilegios que confiere la posición de algunos de sus miembros. Con la sociedad y los medios de comunicación observando de cerca, la resolución de este caso no solo determinará el futuro de los involucrados, sino que también podría sentar las bases para la gobernanza y la ética del poder judicial chileno en años venideros.