Rodrigo Álvarez Seguel, abogado y asesor del diputado independiente René Alinco, ha acaparado la atención mediática tras recibir una indemnización considerable tras su desvinculación de la Cámara de Diputados. Según un reportaje de Ciper, Álvarez percibió un total de $11,7 millones, que incluyeron $5 millones por 73 días de feriado legal acumulado. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre las condiciones y decisiones que llevaron a su despido, en un contexto donde se esperan explicaciones claras de los gastos públicos en el ámbito político.
A pesar de su despido, la situación tomó un giro sorprendente cuatro meses después, cuando Álvarez fue recontratado por el mismo diputado con un aumento en su salario. Su nuevo contrato establece un sueldo mensual de $3,1 millones, un millón más que su salario anterior. Ante estas condiciones, Álvarez se defendió, asegurando que nunca tomó vacaciones durante su tiempo trabajando con Alinco, e indicando que su principal responsabilidad es acompañar al diputado en su región. Este argumento ha suscitado un debate sobre la carga laboral y las normativas vigentes para asesores políticos.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Álvarez enfrenta una situación similar, ya que en 2021 recibió una indemnización de $7 millones después de ser desvinculado tras tres años de trabajo con Alinco. La normativa del Congreso estipula que los asesores, al ser contratados como Personal de Apoyo, deben ser finiquitados al concluir el período legislativo, lo que implica que cada cuatro años sufren procesos de desvinculación y deben recibir las indemnizaciones correspondientes.
En torno a su regreso al equipo del diputado, Álvarez afirmó que este se debió a una ‘reorganización interna’ y a un cambio en las condiciones que motivaron su salida anterior. Por su parte, el diputado Alinco se refirió a la desvinculación como un ‘problema personal’ que se trató de manera de común acuerdo. La declaración de Alinco sobre que la decisión fue de mutuo acuerdo pone en entredicho los procedimientos estándares de contratación y despido en la administración pública.
Alinco, al responder a las críticas, afirmó que no existen irregularidades en el proceso y resalta su responsabilidad como empleador al momento de finiquitar, despedir y contratar personal. Sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre la fiscalización y transparencia en la gestión de recursos públicos, así como la ética en la administración de los contratos en el entorno político. Mientras tanto, el caso de Álvarez continúa siendo objeto de debate y análisis público.