El Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana ha dictado una resolución histórica al inhabilitar a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, para ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años. Esta decisión se produce a raíz de una denuncia interpuesta por concejales de la comuna, quienes acusaron a Barriga de incurrir en graves faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes durante su mandato entre 2016 y 2021. El fallo resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración pública, y marca un hito en el control de la conducta de los funcionarios elegidos popularmente.
Las irregularidades señaladas por el tribunal incluyen modificaciones inapropiadas en la estructura municipal que facilitaron el manejo descontrolado de recursos. Barriga emitió un decreto que alteró la administración de la municipalidad, reasignando facultades financieras y delegando firmas en funcionarios que carecían de las atribuciones necesarias, lo que permitió la realización de gastos sin la debida fiscalización. Este tipo de decisiones ha puesto en grave riesgo la confianza pública en la gestión municipal y ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los líderes locales en el uso de los recursos públicos.
Otro punto crítico del fallo es el uso cuestionable de fondos en viajes internacionales. En 2019, Barriga organizó un viaje a Mendoza que carecía de justificación legal, sin un convenio oficial que respaldara dicha actividad. Además, se encontró que asignó viáticos a personal honorario sin contar con la normativa que lo autorizara. Este tipo de prácticas ha sido comúnmente denunciado como un uso indebido de los fondos públicos, lo que conduce a una mayor presión sobre las autoridades locales para que actúen con mayor diligencia y transparencia.
Adicionalmente, el tribunal mencionó las deficiencias en la gestión de servicios sanitarios durante el mandato de Barriga. La exalcaldesa no entregó de manera oportuna la información requerida a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), lo que afectó la fiscalización del servicio municipal de agua potable. Esto pone de relieve las consecuencias que la mala gestión puede tener en la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en áreas tan críticas como el suministro de agua.
Cathy Barriga, por su parte, ha rechazado las acusaciones y, a través de sus representantes legales, ha calificado el fallo como una maniobra política en su contra. Asegura que todas sus acciones se enmarcaron dentro de sus atribuciones como autoridad comunal y desmiente haber causado perjuicios a las finanzas municipales. Sin embargo, además de la inhabilitación, la situación podría derivar en nuevas acciones legales si el Ministerio Público decide investigar las irregularidades detectadas, lo que podría incluir cargos por malversación de fondos. Esta saga política continúa desarrollándose, dejando en el aire importantes preguntas sobre la rendición de cuentas en la función pública.