Este jueves, la Fiscalía confirmó oficialmente que no existen antecedentes suficientes para imputar delitos a Irina Karamanos en el contexto de la investigación relacionada con el caso ProCultura. Esta decisión se produce tras meses de rumores y especulaciones en la prensa, que habían señalado a la socióloga como posible involucrada en irregularidades administrativas. La noticia, que implica un alivio para Karamanos, se suma a su declaración pública previa, donde enfatizó la falsedad de las acusaciones que la señalaban como responsable de transferencias de dinero indebidas.
En una declaración efectuada en noviembre del año pasado, Karamanos se defendió de las imputaciones, asegurando que su aparición como imputada ante el Ministerio Público fue un acto voluntario para aclarar su situación. «Es falso que yo haya realizado transferencias de dinero», afirmó categórica. Durante este proceso, se ha manifestado la necesidad de transparentar los hechos y de defender su honor frente a informaciones erróneas que la perjudicaron en los medios de comunicación.
El levantamiento del secreto de la investigación por parte de la Fiscalía, como informó CNN Chile, ha permitido que se conozca un poco más sobre el caso que indaga presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias en torno a la Fundación ProCultura. Esta fundación, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, habría recibido un aumento significativo en fondos públicos durante 2022, lo que ha levantado sospechas de irregularidades en la gestión de recursos por diversas autoridades regionales.
Con esta nueva fase del caso en marcha, los abogados de Karamanos solicitaron acceso a la carpeta investigativa para revisar los detalles del proceso. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esta petición argumentando que la excoordinadora sociocultural ya no ostenta la calidad de imputada, sino de testigo. La decisión de la Fiscalía resalta que no hay evidencia que justifique la imputación de Karamanos, y que su rol ahora se limita a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
La Fiscalía subrayó que el cambio de calidad procesal de Karamanos implica que no podrá acceder a los antecedentes completos del caso, salvo a su propia declaración. Esta medida fue tomada para proteger la integridad del proceso judicial, dado que la socióloga pasó a ser considerada una testigo, lo que marca un giro significativo en la investigación del caso ProCultura, levantando cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y el uso de estas fundaciones en el ámbito estatal.