La reciente polémica desatada por las declaraciones del abogado Luis Mariano Rendón ha puesto en el punto de mira al diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Liberal (PNL). En un video, Kaiser acusa al influyente empresario Andrónico Luksic de estar percibiendo la Pensión Garantizada Universal (PGU) en Chile. Esta afirmación ha sido cuestionada rotundamente por diversos medios y analistas, quienes han señalado que no existe ninguna evidencia que respalde tal acusación, poniendo en entredicho la veracidad de las afirmaciones del parlamentario.
Rendón, a través de su cuenta en la red social X, argumenta que la denuncia realizada por Kaiser no solo carece de fundamento, sino que representa una posible falta a la responsabilidad legal que tiene todo ciudadano al denunciar delitos. «Cobrar un beneficio social en forma fraudulenta es un delito» destacó el abogado, añadiendo que el hecho de no reportar la actividad delictiva implicaría que Kaiser estaría incumpliendo su deber legal. Este tipo de acusaciones, cuando provienen de figuras públicas, pueden tener serias repercusiones en la percepción pública y la confianza en las instituciones.
El debate se intensifica al considerar el contexto social y económico en el que se sitúa la PGU. Según diversos análisis, la Pensión Garantizada Universal está diseñada para asistir a los mayores de 65 años con ingresos bajos, y el perfil financiero de Andrónico Luksic, considerado uno de los hombres más ricos de Chile, lo excluye del acceso a este beneficio. A pesar de que Luksic posee activos millonarios en empresas clave del país, la insistencia de Kaiser en manifestar que él recibe la PGU ha despertado una creciente indignación por parte de varios sectores de la sociedad.
El medio Piensa Prensa ha sido uno de los primeros en desmentir las afirmaciones de Kaiser, destacando que su narración sobre la PGU es completamente falsa y que dicha pensión no está destinada a los más ricos del país. Esta aclaración ha generado un eco importante en el debate, llevando a la comunidad a cuestionar la ética del candidato presidencial y su estrategia de comunicación en torno a las políticas sociales. El hecho de vincular a un empresario con un programa destinado a vulnerables podría ser interpretado como un intento deliberado de desinformación.
La controversia no solo gira en torno a las afirmaciones de Kaiser, sino que resalta un fenómeno más amplio de desinformación en la política chilena. Críticos han señalado que, al igual que en el caso de su declaración sobre la PGU, Kaiser ha empleado argumentos engañosos en otras materias como vacunas y teorías conspirativas. La lucha por la verdad en las declaraciones de los candidatos y su impacto en la opinión pública será un tema crucial en la campaña electoral, donde la transparencia y la responsabilidad serán cada vez más demandadas por los votantes.