El reciente nombramiento de José Miguel Castro Bascuñán (RN) como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados ha reavivado un viejo debate respecto a la transparencia en la administración pública, particularmente en lo que concierne a un controvertido contrato por más de 500 millones de pesos. Este contrato, celebrado entre el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y el Hotel Alto del Sol en Mejillones, vincula directamente a la esposa de Castro, Vania Korlaet Gómez, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La situación se ha vuelto candente dadas las implicaciones éticas que conllevan estos lazos familiares en la gestión de recursos públicos durante la crisis sanitaria de COVID-19.
Durante 2020, el Hotel Alto del Sol fue designado como residencia sanitaria por la Seremi de Salud de Antofagasta, entonces dirigida por Rossana Díaz (UDI). El contrato, que ascendía a $513.128.000, fue emitido mediante trato directo, lo que en sí ya levantó alertas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. Según informes de la Contraloría General de la República, este tipo de contrato estaba sujeto a un riguroso proceso de fiscalización dado el monto significativo, el cual incluyó la ‘toma de razón’ por parte del organismo fiscalizador, un paso que no se cumplió. Las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato, incluyendo habitaciones no utilizadas valuadas en $96.866.000, han llevado a cuestionar la legitimidad del proceso.
En medio de las dudas, José Miguel Castro defendió la legalidad del contrato, indicando que la Contraloría realizó una inspección en el hotel antes de la firma y aprobó su habilitación como residencia sanitaria. Además, en una carta enviada en abril de 2020 al Ministerio de Salud y a la Seremi de Salud de Antofagasta, Castro comunicó su relación familiar con los dueños del hotel, subrayando que la participación accionaria de su esposa no le permitía influir en el contrato. Sin embargo, estos argumentos no han convencido a todos, y la polémica persiste en el debate político y social.
La diputada Ericka Ñanco (FA) ha sido una de las voces críticas más contundentes en esta situación. En 2023, solicitó la inhabilitación de Castro como presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios, argumentando que su vinculación familiar con el hotel podría generar un conflicto de interés inapropiado para el cargo que ocupa. Ñanco enfatizó que en investigaciones de esta índole es fundamental asegurar que no existan sesgos que puedan comprometer la objetividad de las pesquisas, lo que ha desatado una ola de discusiones sobre la probidad y transparencia en la política chilena.
La asunción de Castro a la presidencia de la Cámara no solo ha reabierto las heridas relacionadas con este escándalo, sino que también ha puesto en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización en la administración pública. Con un clima político cada vez más tenso, las exigencias hacia los funcionarios públicos empiezan a ser más críticas, demandando no solo acciones transparentes, sino un compromiso real con la ética en la gestión pública. La controversia en torno al contrato con el Hotel Alto del Sol y las respuestas de los involucrados continúan suscitando reacciones en la sociedad, lo que augura que este tema seguirá siendo relevante en la agenda política chilena.