El 8 de marzo, El Ciudadano reportó un caso alarmante de violencia de género que ha tocado las fibras más sensibles de la comunidad. Se trata de la denuncia presentada el 4 de noviembre de 2024 contra el exfuncionario Barnachea, acusado de violación por una funcionaria, identificada como Paulina. A pesar de la gravedad de la acusación, Barnachea fue desvinculado de su cargo de manera polémica, mediante un finiquito de 6 millones de pesos, sin que se llevara a cabo un sumario administrativo que investigara la denuncia. Este hecho se vuelve más perturbador considerando que ocurrió pocos días después de que se informara a la autoridad correspondiente, en este caso a Olmos, sobre el suceso.
La situación dio un giro trágico el 15 de abril, con el suicidio de Paulina, lo que ha llevado a un profundo dolor y a la búsqueda de justicia. Durante una reciente sesión del Concejo Municipal, el concejal Fernando Encina compartió su experiencia tras asistir al funeral de Paulina, donde conoció a sus hijos. Encina relató que quedó en contacto con la hija mayor de la fallecida, quien manifestó su firme decisión de seguir adelante con la causa legal en nombre de su madre. Este testimonio resalta la necesidad de no dejar en el olvido los crímenes contra las mujeres y de continuar luchando por la justicia.
Antes de su lamentable deceso, Paulina había intentado establecer comunicación con el concejal Encina para solicitar apoyo relacionado con la irregular desvinculación de Barnachea. Encina, en respuesta a su pedido, emprendió una labor para obtener información oficial sobre el caso, pero se enfrentó a resistencia por parte de las autoridades. La continuación de este esfuerzo demuestra el compromiso del concejal por esclarecer lo sucedido y garantizar que se tomen las medidas adecuadas ante los actos de violencia.
Recientemente, y luego de presentar denuncias ante la Contraloría General de la República, Encina reportó haber recibido finalmente los documentos solicitados hace casi seis meses. Esto pone de manifiesto las dificultades que se enfrentan al intentar acceder a la justicia. En este contexto, el concejal ha solicitado la desvinculación inmediata de Juvenal Olmos, quien continúa en su puesto a pesar de la gravedad de la situación y la demanda colectiva por justicia que este caso ha generado.
Actualmente, la familia de Paulina Osorio ha sido contactada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para recibir apoyo legal y psicosocial en la continuación del proceso legal. El hecho de que se haya dado permiso para utilizar el nombre real de Paulina en las noticias refuerza el compromiso de su familia por mantener viva su memoria y exigir justicia. La lucha de la familia de Paulina refleja una necesidad colectiva de abordar la violencia de género y el apoyo a las víctimas y sus familias en una sociedad que debe aprender de estos trágicos incidentes.