Con la llegada del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la seguridad pública se posicionó como una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía chilena. Este enfoque ha llevado a un esfuerzo institucional sin precedentes para desarrollar políticas de Estado que busquen enfrentar fenómenos delictuales cada vez más complejos y preocupantes. A partir de esta convicción, se ha impulsado una agenda de seguridad que busca transformar la manera en que el país aborda la criminalidad, consolidando mecanismos de respuesta más efectivos y sostenibles.
Uno de los hitos más destacados en esta nueva agenda de seguridad ha sido la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Además, se ha implementado el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, lo que ha permitido una inyección de recursos históricos a las instituciones encargadas de velar por el orden público, como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Estos avances han sido fundamentales para fortalecer la coordinación institucional y mejorar las capacidades del Estado frente a delitos de alta complejidad.
En la Región de Los Lagos, las iniciativas puestas en marcha en los últimos años han contribuido significativamente a mejorar la seguridad local. En este contexto, destaca el papel de los municipios, que a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal han tenido acceso a recursos para desarrollar proyectos de prevención y recuperación de espacios públicos. Esta participación activa de las comunas ha permitido una respuesta más ágil y adaptada a las necesidades específicas de cada territorio, donde las características geográficas y demográficas son diversas.
La coordinación entre las distintas instituciones se ha convertido en un factor clave para abordar los desafíos de seguridad en la Región de Los Lagos, que incluye áreas rurales, conectividad marítima y pasos fronterizos estratégicos. La implementación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) por parte de la Fiscalía ha sido una de las acciones relevantes en este camino, mejorando la investigación y persecución de delitos complejos en la región. Esta estrategia ha permitido que las fuerzas de seguridad trabajen de manera más enfocada y contundente.
Pese a los avances logrados, persisten importantes desafíos que deben ser abordados para consolidar una política de seguridad efectiva. Entre ellos se encuentran la necesidad de reforzar la coordinación operativa en los distintos espacios de acción, establecer un número único de emergencias, y asegurar el pleno funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública. Todo ello, mientras se fortalece la Ley de Seguridad Municipal para empoderar aún más a las comunidades en la lucha contra la delincuencia. Así, la experiencia acumulada en estos años resalta la importancia de mantener un enfoque estratégico y continuo que supere las fluctuaciones políticas, transformando la seguridad en una prioridad de Estado.