La diputada Karol Cariola ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demandando medidas de no repetición tras las violaciones de derechos que sufrió durante un allanamiento en su hogar el mismo día en que dio a luz. Según Cariola, la Fiscalía utilizó un informe erróneo de la Policía de Investigaciones (PDI) para justificar la incursión, lo que generó una violación flagrante de sus derechos. Durante el transcurso de la audiencia, la diputada subrayó la gravedad de la situación, enfatizando que ninguna mujer en Chile debería experimentar lo que ella tuvo que afrontar en un momento tan vulnerable como es el parto.
La impactante experiencia de Cariola no solo dejó huellas físicas, sino que también tuvo profundos efectos emocionales. «Es algo que no se lo doy a nadie», exclamó la diputada al describir el trauma que le causó el operativo policial. Su abogado, Juan Carlos Manríquez, respaldó su testimonio, afirmando que al menos cinco derechos fundamentales fueron vulnerados en este caso. Esta situación ha sido calificada como inaceptable en el marco de los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
Uno de los puntos centrales de la demanda de Cariola es el informe 487 de la PDI, que servía de base para justificar el allanamiento. Según la defensa de la diputada, este documento contenía serias inconsistencias, incluyendo la confusión de personas y errores en las fechas que cuestionaban la validez de las acusaciones. A pesar de las instrucciones del tribunal para corregir los errores, el fiscal Patricio Cooper insistió en mantener el mismo contenido, lo que ha generado críticas sobre el procedimiento adoptado por las autoridades.
El proceso judicial sigue su curso, y el juez Mario Cayul ha decidido revisar el caso nuevamente en mayo, lo que añade más tensión a la situación. En su intervención, Cariola exigió que el Estado tome medidas claras y eficaces para proteger los derechos de las mujeres embarazadas y de sus recién nacidos. Esta exigencia resuena con la trascendencia del caso, que se ha convertido en un símbolo de las luchas por los derechos de las mujeres en Chile, donde el sistema aún muestra falencias significativas.
Finalmente, Cariola hizo un llamado para que la CIDH se pronuncie sobre el caso, buscando no solo justicia personal sino también reformas estructurales en el sistema de justicia chileno. Su demanda de garantías de no repetición busca evitar que situaciones como la suya se repitan en el futuro, enfatizando que es crucial transformar la capacitación en derechos humanos de la PDI y el Ministerio Público. Con estos esfuerzos, se espera que las autoridades puedan garantizar una mejor protección y respeto por los derechos de las mujeres en situaciones vulnerables.