La resistencia de las empresas de la industria pesquera frente a la reciente propuesta de la Ley de Fraccionamiento Pesquero ha desatado una ola de polémica en Chile. Este proyecto de ley, presentado en septiembre de 2024, tiene como objetivo redistribuir las cuotas pesqueras y corregir las ventajas heredadas de la controvertida Ley Longueira. Sin embargo, gigantes de la industria como Camanchaca y Blumar, que están conectados a influyentes familias y capitales internacionales, han emitido serias advertencias sobre posibles demandas y despidos en caso de que se apruebe la ley. La presión que ejercen estas empresas pone de relieve las tensiones existentes entre los derechos de las grandes corporaciones y la necesidad de una reforma equitativa en el sector pesquero.
Ricardo García, gerente general de Camanchaca, anunció en la reunión de accionistas del 25 de abril que la empresa está preparada para demandar al Estado si se aprueba la ley, argumentando que la iniciativa dañaría «derechos adquiridos» y quebrantaría la «confianza legítima» en el marco regulatorio. La situación se complica aún más con la participación del abogado Jorge Bofill, quien liderará el equipo legal de Camanchaca, aludiendo que la ley afectaría a los accionistas, incluidos los fondos de pensiones AFP Habitat y Cuprum. Este enfoque agresivo ha generado preocupación no solo por el futuro de la empresa, sino también por el impacto en los inversores y el sistema de pensiones en Chile.
Por su parte, Blumar, controlada por los grupos Sarquis y Vinagre, ha expresado su preocupación por el potencial impacto de la nueva legislación en el empleo. Gerardo Balbontín, gerente de la empresa, advirtió que el proyecto pone en riesgo 6,500 puestos de trabajo en la región del Biobío y amenaza a 400 pymes proveedoras. En un entorno ya complicado por la crisis económica, la empresa decidió congelar una planta en Coronel, un reflejo de cómo la incertidumbre generada por la ley podría amenazar la estabilidad laboral de miles de personas. Tanto Camanchaca como Blumar se oponen a la ley, describiéndola como «ideológica» y un obstáculo para el crecimiento de su sector.
El escándalo se intensifica al conocerse cómo estas empresas están organizando un lobby en contra de la Ley de Fraccionamiento. Un informe de El Mercurio reveló que Camanchaca, Blumar, FoodCorp y Landes están uniendo esfuerzos para preparar una demanda colectiva por «expoliación». Esta coalición, que controla el 60% del mercado de jurel, teme perder el estatus privilegiado que la Ley Longueira les confirió y se muestra cada vez más agresiva ante cualquier intento de reforma. A pesar de sus millonarias utilidades, por ejemplo, Camanchaca reportó en 2024 beneficios por $21.9 millones de dólares, la industria parece estar dispuesta a recurrir a todo tipo de estrategias legales para mantener su modelo de negocio actual.
En medio de estas hostilidades, el costo humano de la disputa se ha vuelto evidente. Recientes incidentes, como la desaparición de siete pescadores artesanales tras la colisión de un buque industrial de Blumar, han puesto en el centro de atención el peligro que enfrenta la pesca artesanal. Hugo Poblete, dirigente de la Federación de Bahía Narau, ha denunciado que estos accidentes son el resultado de una legislación que beneficia a las grandes embarcaciones y perjudica a los pescadores locales. Con una historia marcada por el abuso y la falta de representación, la presión de la industria pesquera refleja no solo un conflicto de intereses, sino también la lucha por un modelo más justo y sostenible que priorice la justicia social por encima de los beneficios corporativos.