Desde el pasado martes 25 de marzo, los pescadores artesanales han organizado multitudinarias protestas en diversas zonas del país, en un claro clamor por la defensa de sus derechos. Las manifestaciones se han focalizado en puntos estratégicos como las afueras del Congreso Nacional, Caleta Portales y distintos sectores de la Ruta 5 Sur, en la Región de Coquimbo, donde se han reportado cortes de tránsito que han afectado la circulación vehicular y los servicios de transporte público. En particular, la protesta en Caleta Portales ha sido notable, con barricadas que han interrumpido el tránsito y un servicio de metro que funciona parcialmente. Este escenario de movilización ha reflejado la desesperación y la determinación del sector pesquero artesanal de hacerse escuchar ante las autoridades.
Los pescadores exigen una pronta tramitación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, una propuesta legislativa que busca reestructurar la distribución de cuotas de captura entre los sectores artesanal e industrial. Este proyecto, que se debatirá nuevamente en la Comisión de Hacienda del Senado, se considera crucial para la reforma de la actual Ley de Pesca promovida por el gobierno. La presión sobre los legisladores es palpable, ya que varios grupos de pescadores han expresado su preocupación por las recientes modificaciones del texto, que consideran podrían perjudicar sus intereses. A pesar de que la discusión del proyecto ha sido reanudada en el Senado, los plazos se están acortando y el debate podría extenderse por varias semanas.
Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, ha manifestado su apoyo a los pescadores a través de sus redes sociales, señalando la urgencia de cumplir con los plazos constitucionales para despachar esta ley que tiene un impacto significativo para la comunidad pesquera artesanal. En una entrevista reciente, Pedro Tognio, presidente de los pescadores de Caleta Portales, expresó el descontento en su sector tras las decisiones tomadas en la Comisión de Pesca del Senado, que según él, han desmantelado las conquistas logradas en la Cámara de Diputados. La disconformidad se centra en la distribución de cuotas de merluza, que favorecería inadecuadamente a la industria, lo que podría tener graves consecuencias para la subsistencia de los pescadores artesanales.
El enfoque de la Ley de Fraccionamiento Pesquero es modificar la distribución de cuotas de captura en 18 pesquerías, aumentando así la participación del sector artesanal y limitando los derechos del sector industrial. La nueva propuesta prevé que los pescadores artesanales reciban un porcentaje mayor de la cuota de especies fundamentales como la merluza, jibia y jurel, en comparación con la legislación actual. Esta medida busca equilibrar la balanza hacia los intereses de las comunidades que dependen de la pesca artesanal para su sustento. Sin embargo, las empresas pesqueras han expresado su preocupación, argumentando que la ley ignora derechos de pesca previamente adquiridos y que los cambios propuestos podrían afectar su operatividad y planeación a largo plazo.
A medida que se intensifican las protestas y la presión sobre los legisladores aumenta, el futuro de la Ley de Fraccionamiento Pesquero queda en un hilo. La industria pesquera compite con la voz de los pescadores artesanales que luchan por su subsistencia y por un reconocimiento a su labor. Las manifestaciones de los pescadores no solo son un reclamo por la justicia en la distribución de recursos pesqueros, sino también una lucha por la dignidad y el respeto a un modo de vida que ha existido durante generaciones. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención los eventos y la respuesta del gobierno frente a esta situación crítica en el sector pesquero de Chile.