El pasado martes 22 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, una amplia coalición de organizaciones socioambientales y ecologistas a nivel nacional se congregó para presentar una carta al Gobierno de Gabriel Boric. En esta misiva, que cuenta con el respaldo de 212 organizaciones, se manifiesta una rotunda oposición al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales, también conocido como «Ley de Permisología», así como a la reforma del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La Asamblea Ecologista de Chile lidera esta iniciativa, que busca el retiro inmediato de los proyectos legislativos, alegando que estos amenazan la integridad ambiental del país. La entrega de la carta se realizó en varios puntos clave, incluyendo el Palacio La Moneda y distintos ministerios, y estuvo acompañada de una manifestación pacífica que mostró la creciente preocupación ciudadana por la protección de los recursos naturales de Chile.
El Gobierno, bajo la dirección del Ministro de Economía, Nicolás Grau, argumenta que la Ley de Permisología podría reducir significativamente los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, estimando una disminución entre el 30% y el 70%. Este proyecto fue presentado al Congreso el 15 de enero de 2024 y ya cuenta con suma urgencia en el Senado. El ministro ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de agilizar estos procesos para fomentar la inversión; sin embargo, las organizaciones ecologistas sostienen que esta aceleración podría conllevar un riesgo evidente para el medio ambiente, al permitir que proyectos potencialmente dañinos avancen sin las evaluaciones adecuadas.
A pesar de los argumentos del Ministerio de Economía, expertos en medio ambiente han expresado su preocupación sobre la falacia de los tiempos de tramitación. Según Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, muchos de los retrasos en la aprobación de proyectos son resultado de suspensiones solicitadas por los propios titulares, quienes no presentan la documentación necesaria en tiempo y forma. Esto contradice la premisa del gobierno de que la lentitud se debe a la burocracia estatal. La discusión en torno a estos proyectos ha revelado profundas divisiones entre el sector empresarial y las organizaciones sociales, que reclaman una nueva forma de evaluar y gestionar el desarrollo en armonía con la naturaleza.
El punto de prensa realizado por voceros de las organizaciones ecologistas frente al Ministerio de Economía fue contundente. Camila Zárate, del Movimiento por el Agua y los Territorios, denunció lo que ellos llaman una «Motosierra Ambiental» dirigida por el gobierno que busca eliminar regulaciones importantes a favor de la inversión. Varias voces coinciden en que las modificaciones propuestas son un retroceso peligroso para las políticas ambientales del país, que hasta hace poco se consideraban progresistas. La comunidad se siente traicionada por un gobierno que, al autodenominarse ecologista, debería resguardar los derechos de la naturaleza y proteger el bienestar de las comunidades que dependen de ella.
La preocupación por la relación entre desarrollo y protección ambiental no es un tema nuevo en Chile. Históricamente, las organizaciones han levantado la voz ante proyectos que amenazan la biodiversidad y la salud de las comunidades. La carta presentada el 22 de abril no solo expresa la oposición a la Ley de Permisología y la reforma del SEIA, sino que también critica la falta de efectividad de la institucionalidad ambiental en la prevención de daños irreversibles a los ecosistemas. En medio de una «triple crisis planetaria» de biodiversidad, climática y de contaminación, las organizaciones hacen un llamado urgente al gobierno a reconsiderar su rumbo y priorizar un desarrollo sostenible que respete y cuide los territorios para generaciones presentes y futuras.