La Comisión de Intereses Marítimos del Senado ha aprobado recientemente varias modificaciones a la ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, en un proceso que ha suscitado controversia y críticas por la falta de representación de los pueblos originarios en las discusiones legislativas. Esta ley, promulgada en 2008, tiene el objetivo de proteger los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas sobre los territorios marítimos, permitiendo así que gestionen sus recursos de manera sostenible. Sin embargo, a medida que avanza la aprobación de nuevas enmiendas, las organizaciones que defienden los espacios costeros marinos han levantado la voz, señalando que la bancada pesquera salmonera está legislando sobre asuntos que les afectan directamente sin consultar a las comunidades interesadas, lo cual pone en riesgo los derechos y tradiciones de estos pueblos.
Durante la última sesión, el senador David Sandoval, presidente de la comisión, presentó una serie de cambios a la Ley Lafkenche, destacando que la asignación de espacios costeros marinos a los pueblos originarios no obstaculizará otros usos establecidos por la normativa. Sin embargo, estas modificaciones también incluyen restricciones que limitan las oportunidades de participación de las comunidades en futuras solicitudes, lo que fue denunciado por el senador Daniel Núñez, quien argumentó que estas medidas amenazan el derecho a la petición y, en consecuencia, afectan la capacidad de las comunidades de influir en decisiones críticas que afectan su futuro.
A pesar de la afirmación de la Comisión sobre la inclusión de los pescadores artesanales en el proceso, las comunidades indígenas han manifestado su descontento. En un reciente congreso, líderes de diversas comunidades expresaron su preocupación por la falta de diálogo y la celeridad del gobierno para tratar sus inquietudes. Patricio Colivoro de la comunidad Mon Fen de Yaldad subrayó la importancia de la Ley Lafkenche como una herramienta para coordinar las actividades en el borde costero, asegurando que es esencial para la administración colectiva de los espacios de uso común. La falta de consideración hacia las voces de los pueblos originarios ha sido una constante en el debate legislativo, evidenciando un patrón de exclusión que genera desconfianza.
La presión de la industria salmonera se ha intensificado en los últimos meses, acusando a la Ley Lafkenche de generar incertidumbre y conflictos. Líderes del sector han pedido modificaciones a la ley, argumentando que su interpretación amplia ha dificultado el desarrollo de operaciones pesqueras y acuícolas. Sin embargo, especialistas en la materia han refutado esta narrativa, argumentando que el verdadero problema reside en la implementación ineficaz de la ley por parte del Estado, señalando que la solución no está en cambiar la normativa, sino en cumplir con los plazos y procedimientos necesarios para hacer justicia a las comunidades afectadas.
Por otro lado, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar ha denunciado campañas de desinformación que afectan la percepción pública de la Ley Lafkenche. Aseguran que los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios no excluyen a ningún individuo del uso del mar, sino que buscan equilibrar la explotación económica con la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Este discurso de inclusión y sostenibilidad es clave en la defensa de la ley, que se ha convertido en un símbolo de resistencia ante las presiones externas e internas que amenazan la cultura y los derechos de las comunidades indígenas. A medida que el proceso legislativo avanza, la atención se centra en cómo se garantizarán verdaderamente los derechos de los pueblos originarios en el ámbito costero.