En mayo de 2023, la Comisión Mixta del Congreso chileno se vio envuelta en un intenso debate que culminó con el rechazo de una indicación crucial en la Ley SBAP, destinada a regular las concesiones salmoneras en áreas protegidas. A pesar del empate inicial (5-5) en la votación, algunos parlamentarios como José Meza (Republicano) y Juan Coloma (UDI) se alinearon con la postura de la industria salmonera. La científica Cristina Dorador expresó su decepción en redes sociales, criticando la falta de visión ambiental de los legisladores: «Con ese nivel no nos quedará Chile que proteger», advirtió. La presión ejercida por las empresas a través de campañas mediáticas y movilización de trabajadores parece haber dado sus frutos, logrando mantener sus intereses en zonas de alto valor ecológico, intensificando el debate sobre la conservación versus el desarrollo económico en el país.
La Ley Lafquenche, que protege los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, ha sido objeto de constantes ataques por parte de la industria salmonera. A pesar de su claro objetivo de reconocer los derechos de uso consuetudinario de las comunidades indígenas, los Consejos Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) han sistemáticamente rechazado solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Esto ocurrió en varias regiones, como Magallanes y Aysén, donde las comunidades denunciaron un uso del poder inequívoco por parte de la industria, violando el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas. La falta de apoyo estatal y la presión constante de los grupos salmoneros revelan una clara desigualdad en la toma de decisiones que afecta a las comunidades locales en beneficio de intereses empresariales.
Casos emblemáticos como el rechazo del ECMPO de la comunidad kawésqar en Magallanes y la negativa a aceptar dos solicitudes en Aysén subrayan la situación crítica de los derechos territoriales de los pueblos originarios. En ambos casos, se han suscitado denuncias de abusos de poder, con comunidades acusando al Estado de ser cómplice de las acciones de la industria. Estos rechazos no solo representan un obstáculo para la gobernanza colectiva de los territorios indígenas, sino que también evidencian un patrón de desinterés por parte de las autoridades para reconocer y proteger los espacios que son vitales para la cultura y subsistencia de estas comunidades.
A su vez, el reclamo por la falta de regulación efectiva en la industria salmonera se potenció en 2024, cuando el gobierno decidió suspender la tramitación de una nueva Ley de Acuicultura. La Subsecretaría de FF.AA. solamente logró caducar 78 de 428 concesiones irregulares, a pesar de que informes de la Contraloría General de la República revelaron la existencia de numerosos centros inactivos no fiscalizados. Organizaciones ambientales y la Fundación Terram han denunciado que la falta de transparencia e información por parte de Sernapesca permite a las empresas continuar operando sin las debidas regulaciones, mientras se ignoran los problemas de contaminación y sostenibilidad que genera la industria.
Finalmente, el discurso del presidente Gabriel Boric, quien ha solicitado la salida de las salmoneras de áreas protegidas, se contradice con la realidad de la influencia empresarial en la política chilena. A pesar de su retórica que aboga por un equilibrio entre empleo y medio ambiente, la creciente opacidad en las decisiones gubernamentales y la captura regulatoria han puesto en evidencia la complicidad del Estado con intereses económicos. Actualmente, 32 conglomerados chilenos y transnacionales controlan un número alarmante de concesiones dentro de parques nacionales, lo que refleja una preocupación constante sobre la priorización del desarrollo económico en detrimento de la conservación ambiental y la soberanía indígena.