La reciente denuncia de Ecoceanos ha puesto en el centro del debate público una serie de cuestionamientos sobre el proyecto de ley conocido como Ley Mordaza Salmonera (Boletín 15643-06). Este controversial proyecto, que busca implementar un control estatal más estricto sobre las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que defienden el medio ambiente, está impulsado por una alianza entre la industria salmonera y ciertos sectores parlamentarios. Bajo la justificación de promover la «transparencia y probidad», se oculta, según Ecoceanos, la intención de reprimir la resistencia socioambiental, especialmente en las comunidades que luchan por la protección de sus territorios frente a la expansión de las salmoneras en zonas sensibles como los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs).
Miguel Ángel Calisto, diputado del partido Demócratas y uno de los principales promotores del proyecto, argumenta que «muchas ONGs disfrazan con buenos discursos sus verdaderos propósitos negativos», insinuando que estas organizaciones son responsables de frenar el desarrollo de la industria salmonera, esencial para la economía nacional. Sin embargo, las ONGs y grupos de derechos humanos han calificado este argumento como un intento por parte de la industria de ocultar sus prácticas perjudiciales y poner un freno a la legítima defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Ecoceanos señala que detrás de la iniciativa se encuentran figuras influyentes como los gerentes de Blumar S.A. y AquaChile, empresas que han acumulado sanciones por violaciones ambientales.
El proyecto de ley no solo plantea una revisión anual del estatus legal de las ONGs, sino que también podría obstaculizar la implementación del Acuerdo de Escazú ratificado por Chile en 2022. Este acuerdo es fundamental para garantizar la protección de los defensores ambientales y el acceso a información pública, principios que, según Ecoceanos, quedarían en riesgo si se aprueba la normativa de la bancada salmonera. Las organizaciones ciudadanas han denunciado que esta tendencia refleja una «estrategia de criminalización» de la protesta ambiental en el país, poniendo en evidencia el peligro que representa para la democracia y los derechos humanos en Chile.
El caso de Julia Chuñil Catricura, una destacada defensora mapuche desaparecida en 2024, resalta la gravedad de la situación que enfrentan los activistas ambientales en Chile. A pesar de que existen protocolos para proteger a estos defensores, el Estado no ha garantizado un entorno seguro para su labor, incumpliendo las disposiciones del Acuerdo de Escazú. La falta de acciones efectivas por parte del gobierno contrasta con la impunidad con la que operan las empresas del sector salmonero, las cuales continúan influenciando políticas públicas a pesar de haber sido multadas por sus prácticas ilegales en zonas como Magallanes y Aysén.
Mientras la «bancada salmonera» avanza con el proyecto en el Senado, desde la sociedad civil se exige una movilización urgente para frenar lo que consideran un «intento de silenciar las voces críticas» y para exigir la implementación plena del Acuerdo de Escazú. Ecoceanos alerta que, de aprobarse la Ley Mordaza Salmonera, se sentarán peligrosos precedentes en la lucha por los derechos ambientales y la justicia social en el país. Para obtener más información y conocer el reporte completo de Ecoceanos sobre esta problemática, se puede acceder al enlace proporcionado por la organización.