La reciente detención de un médico de la Policía de Investigaciones (PDI) en Copiapó ha desatado un fuerte clamor de indignación entre la ciudadanía tras la viralización de un video que muestra cómo este profesional arrastró a un perro atado a su camioneta hasta causarle la muerte. El incidente, ocurrido en la Ruta 5 Norte cerca de Caleta de Hornos, ha provocado repercusiones en las redes sociales y ha convocado la atención de diferentes autoridades, quienes han calificado el acto como un claro ejemplo de maltrato animal.
Testigos del macabro suceso informaron a diversos medios que, pese a sus intentos de alertar al médico sobre el sufrimiento del animal, el conductor optó por ignorar las advertencias y continuó a toda velocidad, superando los 100 km/h. Ante esta situación, no fue hasta que una patrulla de Carabineros logró interceptarlo que se detuvo. Si no hubiera sido por dicha intervención, los testigos afirman que probablemente el médico habría huido.
A pesar de la indignación que ha generado este caso, el médico fue liberado tras ser arrestado por flagrancia en una comisaría de Valparaíso. La Fiscalía decidió no retenerlo, aplicando el artículo 26 del Código Procesal Penal, lo que ha despertado aún más críticas tanto de la sociedad civil como de funcionarios públicos. Legisladores como Sebastián Videla y Natalia Castillo han presentado denuncias formales, mientras que la Municipalidad de Copiapó interpuso una querella, considerando el acto como «cruel e inhumano» y exigiendo justicia.
La Fundación Patitas Unidas Atacama y varios automovilistas han jugado un papel crucial en la difusión del caso, generando conciencia sobre la gravedad del maltrato animal. En este contexto, la PDI ha iniciado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del médico en cuestión, aunque este aún mantiene su puesto. Esta decisión ha sido duramente criticada por organizaciones animalistas que demandan sanciones ejemplares y cambios en la normativa para prevenir la impunidad en delitos de esta naturaleza.
En medio de este escándalo, la PDI ha manifestado su disposición de colaborar con la investigación penal, pero muchos cuestionan la eficacia de un sumario interno como solución. El caso ha reavivado el debate público sobre la protección de los derechos de los animales y la urgente necesidad de reformas legales que permitan que delitos de maltrato animal sean tratados con la seriedad que requieren. La voz de la comunidad se hace cada vez más fuerte, pidiendo un cambio estructural en la legislación para garantizar una justicia efectiva para las víctimas inocentes.