La conmoción ha invadido a la ciudad de Iquique tras el escalofriante caso de un niño de 13 años, quien fue víctima de brutales maltratos a manos de su madrastra. G.C.E.A., de 51 años, tenía la custodia del menor desde noviembre de 2023 hasta el 9 de abril de 2025, y durante ese tiempo, el niño vivió un auténtico infierno marcado por abusos físicos y psicológicos que atentan contra la dignidad humana. Esta situación ha dejado a la comunidad perpleja y en busca de respuestas sobre cómo fue posible que un niño sufriera tanto sin que se diera la alarma a las autoridades antes.
Según los informes, la madrastra retiró al niño de la escuela en agosto de 2024, prohibiéndole cualquier tipo de interacción con otros jóvenes e incluso con su propio padre. Despojado de sus derechos más básicos, el niño se convirtió en un prisionero en su propio hogar, donde se le exigía realizar arduas tareas de limpieza y se le alimentaba con sobras o, en ocasiones, simplemente se le negaba comida y agua. Las características aberrantes de su vida cotidiana han generado una ola de indignación y preocupación en toda la sociedad.
Los detalles del testimonio del niño son desgarradores. Relató haber sido víctima de golpizas con diversos objetos, incluida una plancha. «Me pegó con una plancha en la cabeza», reveló en la audiencia de formalización, describiendo un contexto de terror incesante donde el hambre y la sed eran parte de su día a día. Durante el tiempo que permaneció sometido, el menor llegó a estar hasta seis días sin recibir alimento y tres sin agua. Estas revelaciones han remecido las conciencias de quienes han seguido el caso, haciendo hincapié en la necesidad urgente de protección para los menores.
El descubrimiento de esta situación fue gracias a la ayuda de una vecina, quien alertada por los llantos del niño, decidió actuar. «Desde octubre del año pasado comenzamos a oír llantos. Lo comentamos, revisamos las cámaras y llamamos a Carabineros», explicó. A raíz de esta intervención, las autoridades comenzaron una investigación que desembocaría en la detención de la madrastra, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva enfrentando múltiples cargos relacionados con maltrato infantil. Este caso ha puesto en evidencia la importancia de la vigilancia comunitaria y la responsabilidad de reportar situaciones sospechosas.
La sociedad civil y las organizaciones de defensa de los derechos de los niños han exigido una respuesta robusta ante este caso. La indignación general ha suscitado llamados para establecer protocolos más efectivos que permitan detectar y prevenir el abuso infantil en el futuro. Se espera que este trágico episodio sirva como un punto de inflexión para fortalecer las políticas de protección de menores y concienciar sobre la necesidad de intervención oportuna ante signos de maltrato. Este caso no solo marca la vida del niño afectado, sino que también reitera la urgencia de construir un entorno más seguro para todos los infantes.