El ambiente laboral en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago ha sido calificado como «una olla de grillos» durante la investigación a Carlos Miranda Jiménez, actual titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, acusado de maltrato laboral. La denuncia surgió el 22 de agosto de 2024 por parte del Sindicato N°1 del Conservador, en medio de un complicado proceso de negociación colectiva y una huelga que duró cuatro días. Este escenario conflictivo se agravó cuando Miranda intervino de manera abrupta en una reunión entre las autoridades sindicales y Francisco Barriga, un veterano oficial de 82 años, menospreciando su rol como interlocutor en las negociaciones laborales.
Los testimonios recabados durante la investigación revelan que Miranda actuó de forma amenazante, mostrando un comportamiento visiblemente alterado que culminó en un enfrentamiento verbal y físico con Barriga. La situación obligó a suspender la reunión, creando un clima de tensión que ha dejado secuelas emocionales en los presentes. A raíz del incidente, Barriga experimentó fuertes episodios de vergüenza y angustia, llegando a expresar que jamás había vivido una situación similar. De hecho, se vio tan afectado que consideró presentar su renuncia, aunque esta fue rechazada por la administración.
La Fiscal Ana María Hernández Medina, a cargo del caso, investigó los hechos y corroboró las declaraciones de los testigos, resaltando la responsabilidad de Miranda por maltrato y acoso laboral el 21 de agosto de 2024. En su informe final enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago, la fiscal propuso como sanción una amonestación privada, teniendo en cuenta que era la primera infracción de Miranda y que su historial laboral no contaba con antecedentes negativos. Además, sugirió implementar medidas para mejorar el clima laboral, como la intervención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) u otros organismos que promuevan el respeto entre los funcionarios.
A pesar de las conclusiones de la fiscal, la defensa de Miranda, liderada por el abogado Matías Rodríguez, rechazó las acusaciones, argumentando que la fiscal carece de la autoridad necesaria para juzgar los hechos. Rodríguez afirmó que la denuncia presentada por el sindicato tiene un trasfondo político, buscando desviar la atención de las investigaciones que enfrenta Barriga por presuntas acusaciones de acoso laboral contra dos funcionarias. Según el abogado, la coincidencia temporal de las denuncias y la decisión de la fiscal son irregulares y podrían enmarcarse en un juicio mediático.
El caso ha suscitado un intenso debate no solo dentro del Conservador de Bienes Raíces, sino también en la opinión pública, donde surge la interrogante sobre la cultura laboral en las instituciones públicas. La revelación reciente del expediente del caso ha puesto en la mira la necesidad de garantizar la confidencialidad de estos procesos, ante las serias implicaciones que la filtración puede traer. Rodríguez ha manifestado que se perseguirán judicialmente las filtraciones, apuntando a la gravedad de este incidente que compromete la integridad del proceso judicial en marcha.