El Archipiélago de Chiloé lleva marcadas aún las cicatrices de la catástrofe ambiental que tuvo lugar en 2016, cuando miles de toneladas de salmones descompuestos fueron arrojadas al mar. Este vertido, autorizado por el Estado, desató una marea roja tóxica que devastó los recursos marinos, impactando severamente la economía local. Tras este desastre, la indignación de los habitantes se tradujo en una movilización histórica a lo largo de 250 km de la Ruta 5, donde exigieron justicia y responsabilización por el impacto ambiental que sufrieron en sus costas. La comunidad clamaba «Nos mataron el mar», un grito que resonaba con la impotencia ante un evento que, aunque declarado como una emergencia, respondía a intereses económicos de la industria salmonera.
A medida que la crisis se desarrollaba, se hizo evidente que las autoridades habían ignorado las advertencias sobre la contaminación potencial. Durante el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones, se desataban meses de advertencias sobre el uso de químicos dañinos en la salmonicultura, lo cual empeoró la situación. La muerte de 25 millones de salmones fue provocada por un florecimiento algal nocivo, exacerbado por el aporte de nutrientes debido al vertido, lo que transformó el océano en un vertedero. Los más afectados fueron los pescadores artesanales, que perdieron su principal fuente de ingresos, así como las comunidades que dependen de los recursos marinos para su subsistencia.
Años después, aunque la Corte Suprema dictaminó que el vertido fue ilegal y responsabilizó a las empresas salmoneras y a las autoridades, la justicia no ha llegado a los afectados. A pesar de numerosos intentos de las comunidades por demandar a los responsables ante los tribunales ambientales, aún persiste un sentimiento de impunidad. El 2 de mayo de cada año se recuerda esta rebelión popular, un grito de justicia que sigue ecoando en las calles de Chiloé. Las redes sociales se llenan de mensajes que evocan la lucha de quienes se levantaron contra lo que describen como un ataque a su hogar, sus recursos y su dignidad.
Por otro lado, el contexto de la catástrofe del Mayo Chilote no es un evento aislado. La industria salmonera en Chile ha sido objeto de críticas por su impacto negativo en diversas áreas, que incluyen zonas protegidas y ecosistemas frágiles. Este patrón de devastación se ha repetido en otras localidades, entre ellas el Fiordo Comau y el Parque Nacional Alberto de Agostini, donde casos de daño irreversible han llevado a organizaciones y comunidades a exigir un cambio en la gestión del territorio. La demanda no solo implica una mejor regulación de la industria, sino también una reevaluación del modelo de desarrollo actual que prioriza el lucro por encima de la sostenibilidad.
El archipiélago de Chiloé continúa siendo un escenario de resistencia y lucha por la justicia ambiental y la soberanía alimentaria. Los ecosistemas dañados claman por reparación y aquellos que se movilizaron en 2016 no olvidan su dolor ni su lucha. La memoria colectiva se rechaza a dejar caer en el olvido, recordando que la marea roja de 2016 fue solo una de las advertencias de un sistema que aún opera bajo el riesgo de repetirse. La comunidad chilota continúa firme en su exigencia de un manejo responsable de sus recursos y del reconocimiento de su derecho a un entorno saludable y sostenible.