La Comisión de Hacienda del Senado rechazó este miércoles, con una voto de cuatro en contra y uno a favor, las propuestas que pretendían aumentar la cuota de merluza común destinada a los pescadores artesanales. La decisión mantuvo el esquema propuesto por el Ejecutivo, que distribuye el 43% de la cuota al sector artesanal y el 57% al sector industrial, lo que se traduce en un duro revés para los pescadores artesanales que esperaban una participación del 70%. Esta cuota había sido previamente respaldada en la Cámara de Diputados con una mayoría clara. El único senador que apoyó la indicación fue Ricardo Lagos Weber (PPD), mientras que otros senadores votaron en contra reafirmando la propuesta gubernamental, lo que generó tensiones en la discusión legislativa.
Durante la sesión, la Comisión de Hacienda expuso la falta de alternativas equilibradas que ofreciera el Gobierno. Ricardo Lagos Weber expresó su descontento en relación con la propuesta del Ejecutivo, afirmando que un reparto del 50% habría sido más justo. En contraposición, el senador José Miguel Insulza (PS) apoyó esta visión, argumentando que tal distribución reflejaría una gestión adecuada de la escasez pesquera. Sin embargo, los senadores de la oposición, junto a quienes defendieron el sector industrial, consideraron que un esquema 70-30 podría comprometer el empleo en esa área, resaltando así el conflicto de intereses entre los pescadores artesanales y las grandes empresas pesqueras.
El descontento en el sector artesanal creció después de la votación. Hernán Cortés, vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal, manifestó su rechazo a la decisión, insistiendo en que la propuesta del 70-30 debe ser defendida a toda costa, y llamó a un diálogo inclusivo que contemple las necesidades de ambos sectores. Por su parte, la presidenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, Sara Garrido, criticó a los parlamentarios que prometieron apoyo a los pescadores en sus distritos, solo para votar en contra en la legislatura. Este tipo de reacciones pone de manifiesto la creciente tensión entre las diferentes facciones de la actividad pesquera.
Otro elemento clave de la sesión fue la discusión sobre la derogación del fraccionamiento vigente, el cual se tenía que mantener hasta 2032. Este punto generó debates sobre su posible constitucionalidad, con algunos senadores advirtiendo sobre los riesgos legales que conllevaría su eliminación. El subsecretario de Pesca argumentó que el fraccionamiento no es esencial para la validez de las licencias de pesca. La posibilidad de demandas contra el Estado ha planteado serias inquietudes sobre la seguridad jurídica del sector, en un momento donde la tensión se encuentra a la orden del día.
Finalmente, el ministro de Economía, Nicolás Grau, anticipó que la comisión mixta sería el escenario clave para buscar una solución a los desacuerdos en torno a la cuota de merluza común. La crítica de los diputados, especialmente del presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito, a la demora del Senado en este asunto, refleja la urgencia por alcanzar un consenso que permita avanzar en la ley. A medida que se intensifican los debates y las posturas se radicalizan, la creación de esta comisión mixta se configura como una herramienta esencial para encontrar una fórmula que pueda satisfacer tanto a los pescadores artesanales como a los industriales.