El Consejo para la Transparencia, órgano encargado de asegurar la rendición de cuentas en la administración pública en Chile, anunció este martes la elección de su nueva presidenta, Natalia González. Abogada con una trayectoria marcada por su vinculación con la fundación Libertad y Desarrollo y su rol como «experta» de la UDI en el segundo proceso constitucional, su nombramiento ha suscitado una serie de reacciones en el ámbito político y social, avivando el debate sobre la ética en la política y la protección de la infancia.
La controversia en torno a González tomó forma tras su intervención en julio de 2024, donde defendió al senador Javier Macaya (UDI) tras la condena a su padre, Eduardo Macaya Zentilli, por abuso sexual infantil. En esa ocasión, González instó a que se tratara al senador ‘con cariño y respeto’, lo que provocó un aluvión de críticas en redes sociales. Su defensa del legislador se percibió como un intento de desviar la atención de las serias acusaciones contra su progenitor y desestimar el sufrimiento de las víctimas, lo cual ha resonado de manera negativa en la esfera pública.
La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, fue una de las voces más contundentes en la crítica a las declaraciones de González. En un debate posterior, Ríos enfatizó la necesidad de mostrar empatía hacia las víctimas de abuso, recalcando que no puede haber espacio en la discusión política para minimizar el dolor experimentado por quienes han padecido estas atrocidades. Su intervención se sumó a los llamados de muchos sectores para que las autoridades tengan una mayor responsabilidad en la protección y el dignificar la voz de quienes han sufrido violencia.
La designación de Natalia González al frente del Consejo para la Transparencia plantea interrogantes sobre la dirección que tomará esta entidad en un momento crítico para la confianza pública en las instituciones. ¿Puede una figura tan controvertida realmente promover la transparencia y rendición de cuentas que la ciudadanía demanda? Tanto sus detractores como sus seguidores estarán pendientes de sus próximas decisiones, pues se espera que aborde temas sensibles y relevantes para la moralidad pública y la protección de los derechos humanos.
A medida que la noticia de su nombramiento se difunde, muchos en Chile se cuestionan el mensaje que envía el hecho de que una figura como González, asociada a una defensa polémica de alguien implicado en graves acusaciones, sea líder del organismo encargado de velar por la transparencia en la gestión del Estado. En este contexto, Natalia González se convierte en una figura central en el debate sobre la ética política y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos, mientras la sociedad civil continúa reclamando un entorno más justo y empático.