La situación en El Salvador se ha vuelto aún más tensa tras el anuncio de que la Fiscalía General, bajo el mando del presidente Nayib Bukele, está preparando órdenes de captura contra periodistas del medio El Faro. Esta advertencia, publicada por el director de El Faro, Carlos Dada, se produce en medio de una creciente controversia sobre la supuesta relación entre el gobierno y las pandillas criminales. Dada subrayó que la intención de la Fiscalía es procesar a los reporteros involucrados en la publicación de una entrevista que revela pactos entre el gobierno y la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, donde un líder de la organización criminal po asegura que el Estado llegó a acuerdos con ellos. La comunidad internacional observa con preocupación cómo se desarrolla este conflicto entre la prensa y el aparato estatal, especialmente en un contexto donde la libertad de expresión es crucial para la democracia.
Human Rights Watch (HRW) ha destacado que el foco internacional está pivoteando hacia El Salvador ante estas acusaciones. Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, expresó sus inquietudes en X, indicando que la comunidad mundial está vigilante ante las acciones de la Fiscalía y el gobierno de Bukele. Durante la investigación de El Faro, se presentaron testimonios en video de pandilleros que afirman haber negociado con el círculo político de Bukele, lo que agrega un nivel de gravedad a las ya complejas dinámicas de seguridad y política en el país. Esta situación plantea serias preguntas sobre la integridad de las acciones gubernamentales y la validez de las políticas de mano dura que han caracterizado la administración actual.
Por otro lado, el mismo presidente Bukele ha respondido a las críticas al insinuar que las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que osan cuestionar su gestión lo hacen por motivos políticos. En un reciente mensaje en X, Bukele sugirió que su enfoque en erradicar la violencia y reducir el número de muertes ha dejado en desventaja a ciertos sectores que se benefician de una narrativa contraria a su gobierno. Ese discurso ha alimentado un ambiente de división, donde la verdad sobre los acuerdos con pandillas se ve eclipsada por las acusaciones a quienes buscan desvelar la realidad detrás del supuesto éxito de su administración contra el crimen organizado.
Además, nuevos reportes han salido a la luz, como el caso de Carlos Alberto Cartagena López, apodado ‘Charli’, un alto exlíder de la pandilla Barrio 18 que fue detenido durante el régimen de excepción, pero liberado horas después bajo presiones superiores. Investigaciones de Connectas han revelado que Charli tenía múltiples antecedentes criminales, incluyendo homicidios y extorsiones a gran escala. Resulta alarmante que su pareja, quien trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad, también tenga vínculos políticos con el partido oficialista Nuevas Ideas, lo que sugiere posibles conexiones entre el gobierno y las pandillas que debieran ser investigadas en lugar de ocultarse.
En el contexto de las políticas de seguridad implementadas por Bukele, que han llevado a la detención de más de 85,000 sospechosos, la falta de respuesta directa a las acusaciones de pactos con bandas criminales crea un escenario de desconfianza. La Fiscalía, en lugar de investigar las serias denuncias que surgen desde los medios de comunicación, parece estar priorizando la persecución de quienes exponen estos actos. Organismos como HRW han alzado la voz denunciando la posible instrumentalización de las pandillas con fines políticos, lo que trae consigo implicaciones profundas sobre los derechos humanos en El Salvador. Tanto la comunidad nacional como la internacional demandan claridad y transparencia en este momento crítico para la democracia salvadoreña.