Este lunes, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se apresta a revisar la querella presentada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Antonio Poblete, y el exjefe de inteligencia del Ejército, general (r) Schafik Nazal. Ambos enfrentan serias acusaciones que incluyen 15 delitos reiterados de interceptación maliciosa de comunicaciones, así como nueve ilícitos de falsificación ideológica de instrumento público. La Fiscalía ha solicitado una pena de 20 años de prisión para cada uno de los implicados, lo que refleja la gravedad de los cargos. Sin embargo, el avance del proceso judicial se ve en riesgo debido a una nueva arista que podría alterar el desarrollo del caso: la recusación presentada por el fiscal regional Xavier Armendáriz contra el ministro Antonio Ulloa de la Corte de Santiago, quien podría quedar fuera del juicio debido a su supuesta relación de amistad con Poblete.
La controversia alrededor de la recusación se fundamenta en la naturaleza de la amistad entre Ulloa y Poblete. Armendáriz ha presentado pruebas que sugieren una conexión personal entre ambos, reveladas a través de conversaciones de WhatsApp donde se manifiestan intercambios amistosos y cercanos. Esta situación podría generar dudas sobre la imparcialidad del tribunal, lo cual es crucial en un caso de esta magnitud. La imparcialidad es un pilar del debido proceso, y la Corte deberá analizar minuciosamente esta recusación antes de continuar con la audiencia programada, lo que podría retrasar considerablemente la resolución del caso.
Por otro lado, el interés público en este proceso ha aumentado considerablemente a raíz de las recientes revelaciones del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) sobre la influencia en los nombramientos judiciales. La investigación publicada el 21 de marzo segó la luz sobre intercambios entre el ministro Ulloa y el abogado Luis Hermosilla, donde se explicitaban gestiones para favorecer a ciertos candidatos en el acceso a puestos claves del Poder Judicial. Estas comunicaciones sugieren la existencia de un mecanismo de influencia que va más allá de los procedimientos formales establecidos por la ley, generando un preocupante precedente sobre la ética y transparencia en el sistema judicial chileno.
Uno de los mensajes más polémicos revelados por CIPER muestra cómo Ulloa solicitó a Hermosilla que interceda a favor de candidatos que sean «leales y de nuestro sector». Esta frase pone de relieve un posible interés por parte de funcionarios en establecer un control sobre la judicatura que podría comprometer la independencia del Poder Judicial. Las implicaciones de estas revelaciones son profundas, ya que podrían influir en la percepción pública sobre la credibilidad del sistema y afectar el desarrollo del juicio que se inicia este lunes, considerando que el mismo ministro puede ser considerado parcial.
En resumen, la combinación de la querella judicial contra Poblete y Nazal, la recusación del ministro Ulloa y las recientes revelaciones de CIPER acerca de prácticas de influencia en nombramientos judiciales han creado un clima de incertidumbre que podría tener efectos significativos en la administración de justicia en el país. Este caso no solo representa una lucha legal entre altos funcionarios, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la transparencia y la ética en el sistema judicial chileno, particularmente ante la creciente atención pública y mediática hacia estos temas.