Oposición pide la destitución de Piñera por las denuncias de los Pandora Papers

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La oposición chilena ha presentado este miércoles una solicitud de destitución del presidente del país, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una empresa minera a través de una firma propiedad de sus hijos, que ha aparecido en las filtraciones de los Papeles de Pandora.

Piñera utilizó «su cargo para negocios personales», dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja del Congreso, el primer paso del proceso de destitución que podría durar varias semanas.

La medida se produce después de que el 8 de octubre la Fiscalía chilena abriera una investigación sobre las denuncias en torno a la venta en 2010, durante el primer mandato de Piñera, de la minera Dominga.

Esa investigación fue impulsada por las filtraciones de los Papeles de Pandora, un vasto conjunto de informes sobre la riqueza oculta de líderes mundiales investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, ha negado las acusaciones y ha dicho que fue absuelto de los cargos en una investigación de 2017.

Cuando se abrió la nueva investigación la semana pasada, el líder conservador dijo que tenía «plena confianza en que los tribunales, como ya lo han hecho, confirmarán que no hubo irregularidades y también mi total inocencia.»

Ahora la Cámara de Diputados de Chile, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que tendrá lugar la primera semana de noviembre, explicaron a la AFP fuentes del Congreso.

Si recibe luz verde, el caso pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera.

Se trata del segundo caso de destitución presentado contra el multimillonario derechista, tras un intento fallido de destituirlo en 2019 por la represión, a veces brutal, de manifestantes contra la desigualdad.

Se espera que la decisión se tome antes de que los chilenos acudan a las urnas el 21 de noviembre para elegir al sucesor de Piñera y un nuevo congreso.

Su segundo mandato, que comenzó en marzo de 2018, termina el 11 de marzo de 2022.

El gobierno acusó a la oposición de presentar «una acusación sin base legal» para obtener beneficios políticos.

«Es el [truco] más sucio de la campaña electoral», dijo Jaime Bellolio, ministro de Comunicaciones del gobierno.

‘Soborno y delitos fiscales’

Los Papeles de Pandora vinculan a Piñera con la venta de Dominga, a través de una sociedad de sus hijos, al empresario Carlos Délano -amigo íntimo del presidente- por 152 millones de dólares.

Los papeles dijeron que gran parte de la operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas.

Además, dijo que se incluyó una polémica cláusula que condicionaba el último pago del negocio a que «no se establezca un área de protección ambiental en la zona de operaciones de la minera, como reclaman los grupos ambientalistas».

Esa decisión es competencia del presidente chileno.

Según la investigación, el gobierno de Piñera decidió en su momento no proteger la zona de la mina.

El fiscal de Chile dijo la semana pasada que la investigación se abrió a raíz de las filtraciones de los Papeles de Pandora por la posibilidad de que el acuerdo implicara «cohecho, eventuales delitos tributarios». Si es declarado culpable, el presidente podría ser encarcelado hasta cinco años.

A pesar de que Piñera insiste en que ha quedado libre de culpa, el fiscal afirmó la semana pasada que la mina Dominga en realidad no estaba «expresamente incluida» en el caso que fue archivado en 2017.

Piñera insiste en que no sabía nada del acuerdo, porque durante su primera presidencia, de 2010 a 2014, dijo que puso la administración de sus bienes en fideicomisos ciegos.

«Como presidente de Chile nunca, jamás he realizado ninguna acción ni gestión relacionada con Dominga Mining», dijo Piñera la semana pasada.

Dominga posee dos minas a cielo abierto en el desierto de Atacama, a 500 kilómetros al norte de Santiago, que aún no han sido explotadas.

Un proyecto minero para hacerlo fue aprobado por un tribunal regional, pero aún no ha sido ratificado en la Corte Suprema debido a las apelaciones.

El proyecto incluía la construcción de un puerto de carga cerca de un archipiélago que alberga una reserva del parque nacional donde viven especies protegidas, entre ellas el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt.

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