La reciente sentencia de la Corte Suprema, que confirma la multa impuesta a un armador y patrón de un buque industrial por capturar sardinas y anchoveta en una zona exclusiva para la pesca artesanal, refleja un avance significativo en la defensa de los derechos de los pescadores artesanales. Este caso, que ha recibido atención mediática y el respaldo de las ministras Chevesich, Muñoz y González, pone de manifiesto la urgencia de enfrentar las constantes violaciones perpetradas por la gran industria pesquera, que a menudo actúa con impunidad. Organizaciones pesqueras han denunciado que esta infracción es solo una muestra de un patrón más amplio de incursiones ilegales que no solo amenazan la soberanía de las caletas, sino que también comprometen la sostenibilidad de los recursos marinos en dichas regiones.
Desde la mirada del sector artesanal, las repercusiones de la Ley Longueira son alarmantes. El dirigente Hugo Poblete ha denunciado que esta legislación, impulsada durante el gobierno de Piñera, permite a los grandes barcos industriales operar en áreas que deberían estar protegidas para la pesca artesanal. Esta situación ha llevado a dramáticos accidentes, como el sucedido con la lancha «Bruma» en Coronel, donde la tragedia dejó a siete pescadores desaparecidos. Con la gran industria navegando entre las lanchas de los pescadores artesanales, el riesgo de colisiones fatales se incrementa. Poblete enfatiza que se trata de una negligencia sistémica que debe ser atendida con urgencia, dado que las decisiones legislativas han favorecido a los grandes intereses en detrimento de las comunidades locales.
Frente a la creciente preocupación por la seguridad en el mar, un nuevo proyecto sobre la responsabilidad ante accidentes marítimos ha tomado protagonismo. Este proyecto busca elevar la protección de las embarcaciones, especialmente aquellas de carácter artesanal, y regular el uso del piloto automático en las embarcaciones industriales. La Cámara de Diputados ha indicado que dicha regulación podría incluir la obligación de contar con cámaras de vigilancia y la responsabilidad solidaria de armadores en caso de accidentes. Sin embargo, la resistencia de la industria, representada por el Sindicato de Oficiales de Naves (SIET), destaca la complejidad de realizar cambios que podrían resultar en una mayor protección para los pescadores artesanales, quienes ya han documentado en redes sociales diversas maniobras imprudentes de buques industriales.
Las relaciones entre la política y la industria pesquera han sido objeto de crítica por parte de los líderes del sector artesanal. Poblete ha revelado que la industria ha financiado campañas políticas de diversos partidos, lo que ha llevado a un marco legislativo que beneficia a los grandes conglomerados pesqueros en lugar de a las comunidades de pescadores. Este tipo de colusión explica en parte por qué las cuotas pesqueras, que deberían ser una herramienta para equilibrar los intereses de la pesca artesanal y la industrial, continúan estancadas. La reciente decisión de la Corte Suprema, aunque pertinente, no parece tener un efecto disuasivo suficiente frente a la recurrencia de infracciones por parte de la gran industria, lo que sugiere que se requiere un cambio más profundo en la normativa pesquera.
Ante esta situación, se han propuesto urgentemente tres medidas: derogar la Ley Longueira, redistribuir las cuotas de manera prioritaria en beneficio de la pesca artesanal, y aumentar la fiscalización mediante el uso de tecnologías como drones y satélites en zonas de exclusión. Además, es crucial sancionar el uso irresponsable del piloto automático que ha provocado múltiples accidentes. Pescadores artesanales han recopilado evidencia visual de las condiciones adversas a las que se enfrentan en el océano, exponiendo los riesgos constantes de colisión y las prácticas peligrosas de los buques industriales. A medida que estos trabajadores luchan por su sustento y la protección de su medio ambiente, la necesidad de estas medidas se hace más urgente que nunca.