La Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció su decisión de presentar un requerimiento ante la Contraloría General de la República, en respuesta a una publicación realizada por el Presidente Gabriel Boric en la red social X. En este mensaje, Boric criticó abiertamente la dictadura militar que tuvo lugar en Chile entre 1973 y 1990. Según la UDI, el mandatario habría incurrido en una falta al principio de apoliticidad, el cual prohíbe a los funcionarios públicos utilizar sus plataformas personales para emitir opiniones políticas durante su jornada laboral. La controversia surge en medio de un clima político tenso, exacerbado por las recientes declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
El mensaje del Presidente Boric, aunque no mencionó nombres de manera explícita, fue interpretado como una respuesta directa a las declaraciones de Matthei, quien afirmó que las muertes ocurridas durante el régimen de Augusto Pinochet fueron «inevitables» y que el golpe de Estado fue «necesario». Boric, en su publicación, subrayó que el golpe de Estado carece de justificación y calificó a la dictadura como «criminal e ilegítima». Sus palabras reflejan una preocupación por las justificaciones que aún brotan en algunos sectores de la política chilena, tensionando aún más el debate sobre el legado de Pinochet.
El diputado UDI Henry Leal fue uno de los más vehementes en sus críticas al Presidente, argumentando que Boric está vulnerando el principio de probidad al utilizar su tiempo de trabajo para desprestigiar a una contendora política. Según Leal, esto no solo infringe la normativa establecida por ley, sino que también supone un precedente preocupante para el ejercicio de la política en el país, ya que podría abrir la puerta a que otros funcionarios hagan lo mismo durante sus horas laborales. Este escenario es considerado inaceptable por la UDI, que espera que la Contraloría emita un dictamen claro sobre la situación.
Desde el oficialismo, varios miembros del gobierno defendieron al Presidente Boric, asegurando que el requerimiento de la UDI es solo una maniobra para desviar la atención de las polémicas declaraciones de Matthei. El diputado comunista Luis Cuello argumentó que Boric realizó una intervención legítima, que deja claro cuál es la posición del gobierno en defensa de los derechos humanos. Por otro lado, el socialista Jaime Naranjo fue aún más contundente al calificar la acción de la UDI como «lo más infantil» que ha escuchado en la política reciente, haciendo hincapié en el derecho del Presidente a expresar sus opiniones, especialmente en un contexto donde la nostalgia por la dictadura es aún palpable en ciertos sectores.
La controversia en torno a las declaraciones del Presidente Boric y el requerimiento de la UDI establece un nuevo capítulo en el debate político chileno, que continúa enfrentando desafíos vinculados a la memoria histórica y los derechos humanos. En un momento donde las posturas sobre el legado de Pinochet siguen dividiendo, el papel de las instituciones y los ciudadanos en la defensa de la democracia se vuelve más crucial que nunca. La UDI planea presentar el oficio en los próximos días, mientras que tanto la oposición como el oficialismo siguen posicionándose frente a un tema que no solo apela a la historia, sino también a la actualidad política chilena.