Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri han decidido presentar un recurso de apelación para revertir la decisión judicial que dejó sin efecto la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla. Como querellantes en este caso, los parlamentarios consideraron que la medida adoptada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago es un “privilegio encubierto” que pone en riesgo la seguridad de la sociedad, así como la integridad de la propia investigación y de la democracia en Chile. Los legisladores denunciaron la situación a través de un comunicado donde expresaron su firme postura: «Chile está cansado de la impunidad de los poderosos».
Cicardini y Manouchehri enfatizaron que Hermosilla, quien ha sido catalogado como el cerebro detrás de una de las más grandes redes de corrupción en la historia del país, debería permanecer en prisión y no volver a su hogar. «Su regreso representa un grave punto de quiebre en nuestra lucha contra la corrupción», añadieron, al tiempo que alertaron sobre la posibilidad de que el abogado manipule su entorno a distancia, ahora que no está bajo custodia. La decisión de cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario total, un arraigo nacional y la prohibición de contacto con otros imputados fue tildada de inaceptable por los parlamentarios.
La jueza Andrea Díaz Muñoz justificó su resolución ante las críticas, argumentando que tanto los querellantes como el Ministerio Público no lograron presentar fundamentos sólidos que respaldaran la continuidad de la prisión preventiva. Según la magistrada, el tiempo transcurrido en la detención ya había sido suficiente y consideró que mantenerlo en prisión se transformaría en una “pena anticipada”. A pesar de su fallo, la decisión ha generado un debate acalorado, con Cicardini y Manouchehri en el centro de la controversia luchando por una justicia equitativa.
El fiscal Felipe Sepúlveda, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, también se pronunció sobre la decisión del tribunal. En su intervención, manifestó que no considera que la resolución sea un retroceso para la Fiscalía, ya que el tribunal ha respaldado en diversos aspectos la labor realizada por el ente persecutor. Sin embargo, confirmó que la Fiscalía apelará la decisión, ya que creen que la libertad de Hermosilla representa un peligro inminente para la seguridad pública y para el desarrollo de la investigación en curso.
Finalmente, lo que está en juego ahora es la credibilidad del sistema judicial chileno. Cicardini y Manouchehri han instado a la Corte de Apelaciones a que demuestre que la justicia en Chile es equitativa y no responde a intereses de poder. «La Corte tiene la oportunidad de corregir esta indignante decisión y enviar un mensaje claro: la justicia debe ser igual para todos, no solo para aquellos que tienen influencia y recursos”, sentenciaron. La apelación podría marcar un precedente en el manejo de casos de corrupción que han sacudido la política chilena en tiempos recientes.