El pasado fin de semana, un incidente violento ocurrió junto a la emblemática plaza de la Independencia en Concepción, cuando una mujer fue agredida tras solicitar a un grupo de predicadores que bajaran el volumen del parlante utilizado para difundir sus mensajes. La víctima, que se encontraba en el lugar, decidió intervenir debido al alto nivel de ruido que consideraba insoportable en horas no apropiadas. Sin embargo, su solicitud fue respondida con una reacción hostil por parte del grupo, que la atacó verbal y físicamente, dejando secuelas que la mujer constató al acudir a atención médica.
La mujer, que se mostró bastante afectada tras el ataque, indicó que al dirigirse a un predicador para pedirle educadamente que moderara el volumen, este desestimó su solicitud y, en cambio, incitó al grupo a arrojarle insultos. «Comenzaron a gritarme e insultarme», explicó la víctima en una entrevista con Radio Bio Bío, subrayando la falta de consideración por parte de los predicadores y la escalada de violencia que esto provocó en un área generalmente pacífica.
La concejala de Concepción, Claudia Arriagada, ha tomado la iniciativa de presentar una propuesta ante el Concejo Municipal para prohibir el uso de parlantes por parte de predicadores en espacios públicos. Ella enfatizó la gravedad de este tipo de incidentes y la necesidad de establecer límites claros, declarando que lo sucedido con la mujer agredida es un claro indicativo de que es momento de actuar. «No podemos permitir que estas situaciones se normalicen en nuestra comunidad», afirmó Arriagada.
Esta propuesta de Arriagada surge en un contexto en el que ya ha habido otras denuncias sobre el uso excesivo del volumen por parte de grupos religiosos, generando molestias en la comunidad. La concejala hizo hincapié en la existencia de una ordenanza municipal que establece un límite de 85 decibeles para el uso de parlantes, observando que no todos los grupos religiosos están respetando estas normas, y que es necesario un enfoque más estricto frente a este problema.
Por otro lado, Arriagada también abordó la implicación política de la situación, refiriéndose al hecho de que el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, es parte del Partido Social Cristiano y pastor, sugiriendo que esto podría otorgar una sensación de impunidad a los predicadores. «Es crucial recordar que el alcalde debe servir a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas. Este es un Estado laico, y es el momento de poner límites para salvaguardar la convivencia y el respeto en nuestra ciudad», concluyó la concejala.