El 11 de marzo de 2024, la periodista de investigación Josefa Barraza Díaz presentó una querella criminal contra el diputado Sergio Bobadilla (UDI), acusándolo de cometer el delito de injurias graves. Este caso ha ganado notoriedad debido a la gravedad de las acusaciones y al contexto en que se desarrolló. Todo comenzó el 28 de mayo de 2024, cuando Bobadilla difundió un contenido falso, en el que supuestamente se evidenciaba un chat entre Barraza y el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en cuyo marco lanzó descalificaciones de carácter sexual hacia ella. La difusión de este material ha desatado una ola de violencia digital, acoso y amenazas contra la periodista, poniendo en riesgo su integridad personal y profesional.
La periodista y exdirectora de El Ciudadano fue objeto de ataques constantes por parte de Bobadilla, quien, lejos de retractarse de sus afirmaciones falaces, continuó con sus descalificaciones durante toda la jornada del 28 de mayo. A través de redes sociales, el diputado emitió comentarios despectivos, sugiriendo que Barraza mantenía vínculos inapropiados con el gobierno y con individuos condenados por actos terroristas. Estas declaraciones no solo son consideradas injuriosas, sino que también han desencadenado una campaña de desprestigio que afecta la reputación de Barraza en el ámbito público.
Miguel Ángel Yáñez, abogado de Josefa Barraza, declaró que la querella responde a las mentiras propagadas por Bobadilla, que han causado un daño significativo al honor y la vida de la periodista. “Con esta querella esperamos que se haga justicia y que se imponga una condena al señor Bobadilla”, expresó Yáñez, quien también anunció que se solicitará el desafuero del diputado. Esto es fundamental, ya que permitiría que, en caso de condena, la pena se haga efectiva, rompiendo así con la impunidad que a veces se asocia a figuras políticas en el país.
En un contexto anterior, en enero de 2024, Bobadilla ya había sido sancionado por la Cámara Baja por la difusión de contenido falso y denigratorio contra Barraza, lo que marca un precedente importante en este tipo de casos en la política chilena. La institucionalidad está bajo la lupa, y la actitud del parlamentario ha suscitado un debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de plataformas digitales por parte de los servidores públicos. A medida que este caso avanza, se espera una respuesta contundente que visibilice las cuestiones de acoso y la defensa del honor de las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión.
A la fecha de cierre de esta nota, se ha informado que el caso ha sido elevado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se analizarán las peticiones de desafuero contra el diputado Bobadilla. Esta evolución del caso podría sentar un precedente significativo en el manejo de las injurias y las agresiones a periodistas en Chile. La comunidad periodística y diversos sectores de la sociedad civil están atentos a las decisiones judiciales, esperando que se protejan los derechos de quienes, como Josefa Barraza, se ven acosados por la desinformación y la violencia de género en el ámbito digital.