Los reos de Punta Peuco, un recinto penitenciario que alberga a criminales de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar chilena, han presentado un recurso de amparo tras el retiro de refrigeradores personales, que consideran un «atentado flagrante a su dignidad». Este recurso, que activó un amplio debate sobre los derechos de los internos, involucra a 134 prisioneros que, según informes, han mantenido estos electrodomésticos durante años, lo que les permitía conservar alimentos y medicamentos.
La abogada Carla Fernández, quien representa a estos internos, argumenta que la decisión de Gendarmería de eliminar la mayoría de los refrigeradores ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de sus representados, lo que, a su juicio, se traduce en un trato cruel e inhumano. Fernández enfatiza que estas medidas no solo son desproporcionadas, sino que también injustificadas, lo que agrava aún más la situación ya precaria en la que se encuentran los reos de Punta Peuco.
La controversia ha generado reacciones tanto de defensores de los derechos humanos como de sectores que abogan por una mayor severidad hacia los criminales de lesa humanidad. Esta situación suscita preguntas sobre el equilibrio entre el cumplimiento de penas y el respeto por los derechos humanos fundamentales, incluso en circunstancias donde se trata de individuos condenados por actos atroces. Los defensores de los reo argumentan que, sin importar los crímenes cometidos, todo humano merece el respeto a su dignidad.
El recurso de amparo presentado resalta la necesidad de que las instituciones penitenciarias, como Gendarmería, actúen en el marco del respeto por los derechos humanos. La legalidad de las acciones tomadas por Gendarmería está bajo el ojo crítico no solo por ser cuestionadas por los abogados defensores, sino también por la opinión pública, que observa cómo se están gestionando los derechos de los internos, en un contexto donde el castigo se busca equiparar con la retribución por los crímenes cometidos.
Por su parte, Gendarmería deberá justificar sus acciones y demostrar que el retiro de los refrigeradores fue una medida legítima y necesaria. La auditoría de sus procedimientos y la respuesta a este recurso de amparo serán fundamentales para determinar el futuro de las condiciones de vida en Punta Peuco. Este caso podría sentar un precedente en la discusión sobre los derechos de los internos en Chile y la forma en que se debe tratar a personas que han cometido delitos graves en el marco de dictaduras.