En una reciente sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Independencia, la mayoría de los concejales decidió destituir a Sebastián Sotelo, quien se desempeñaba como administrador municipal y era cercano colaborador del alcalde Agustín Iglesias, miembro independiente pro UDI. La votación resultó en seis votos a favor y tres en contra, destacando la oposición del propio alcalde. Esta decisión se tomó en respuesta a la controversia que surgió tras el descubrimiento de cámaras de seguridad en el municipio, capaces de grabar audio, sin que los funcionarios fueran informados sobre su existencia. Aunque no se han presentado pruebas de que se haya utilizado dicho audio, la falta de comunicación y acción por parte de Iglesias y Sotelo fue crucial para la aprobación de su destitución.
Los concejales argumentaron en la sesión que el alcalde había reconocido en una reunión previa su conocimiento sobre la instalación de las cámaras. El concejal José Miguel Cuevas, del Partido Socialista, señaló: ‘Fuimos testigos de una declaración que confirma que en la Municipalidad de Independencia existen cámaras que no solo captan imágenes, sino también las conversaciones de trabajadores, vecinos y concejales’. Este testimonio puso en jaque la credibilidad de la administración municipal y encendió el debate sobre la privacidad y el respeto a los derechos de los empleados.
Ante la remoción de Sotelo, varios concejales recordaron antecedentes previos que hacían mención a denuncias contra él por maltrato y persecución laboral en su etapa laboral en la Municipalidad de Las Condes. Leyla Pichara, concejala del Frente Amplio, subrayó que la instalación de cámaras con capacidad de audio sin el consentimiento de los trabajadores es una violación a derechos fundamentales, convirtiendo la situación en una grave intromisión en la vida privada de los empleados. ‘No es aceptable que se supiera de estas cámaras y no se hiciera nada al respecto’, insistió.
Incluso el concejal Máximo Breake, de la colectividad Republicana, se unió al coro de apoyos a la remoción, enfatizando que si la administración tenía conocimiento de los micrófonos, era su deber denunciarlo. «Es gravísimo que se pudieran grabar conversaciones privadas en los pasillos del municipio», asentó, destacando la gravedad de la situación y la falta de responsabilidad en la gestión municipal.
Por su parte, el alcalde Agustín Iglesias defendió la gestión de su administrador, alegando que la instalación de las cámaras ocurrió durante la administración anterior y asegurando que su gobierno no había usado el audio de estos dispositivos. «El sistema principal tiene la capacidad de grabar sonido, pero esa función está deshabilitada», enfatizó, invitando a quienes tengan información para demostrar escuchas ilegales presenten sus pruebas. Apenas tres concejales votaron en contra de la destitución de Sotelo, además de Iglesias, marcando una sesión marcada por la polémica y el cuestionamiento a la autoridad municipal.