En una jornada electoral marcada por la controversia, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, ha solicitado un reconteo de votos tras los resultados oficiales que indican una victoria para el empresario Daniel Noboa, quien avanza con una diferencia de casi 12 puntos. Las cifras, divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), han llevado a González a denunciar lo que ella considera el «más grotesco fraude electoral» en la historia del país. Desde su sede de campaña, la candidata lamentó que los resultados preliminares contradicen los pronósticos de múltiples encuestas que la ubicaban como la ganadora, intensificando el clamor de sus seguidores por una revisión exhaustiva de los votos.
El ambiente electoral se tornó agitado después de que se revelara que el CNE estaba publicando actas de escrutinio sin las firmas necesarias que validen su autenticidad. Andrés Arauz, secretario general del Movimiento Revolución Ciudadana, denunció la irregularidad, basándose en el artículo 127 del Código de la Democracia, que establece que solo las actas firmadas por el presidente y secretario de la junta electoral son válidas. Arauz afirmó que estas actas, que favorecen a Noboa, carecen de legitimidad y su difusión podría cuestionar la integridad del proceso electoral.
La situación se complicó aún más con el estado de excepción declarado por Noboa en varias provincias, incluyendo Quito, pocas horas antes de la votación. Esta medida, que restringe libertades fundamentales como el tránsito y la realización de reuniones, fue rechazada por la Asamblea Nacional, que vio en ella un intento de manipular el ambiente electoral. La bancada de Revolución Ciudadana acusó a Noboa de utilizar el decreto para sofocar protestas que podrían surgir ante un posible fraude. Mientras tanto, la CONAIE, confederación de pueblos indígenas de Ecuador, lo calificó de «estrategia autoritaria» para influir en los resultados.
Ecuador, en el marco de esta contienda electoral, atraviesa una crisis social profunda, marcada por la violencia derivada del narcotráfico, el desempleo y una crisis energética que afecta a la población. Esta situación ha llevado a los candidatos a ofrecer propuestas dichosas en sus campañas, buscando captar el apoyo de un electorado creciente que vive en la incertidumbre. Noboa ha justificado el estado de excepción como un medio para combatir el crimen organizado, aunque observadores internacionales han calificado la medida de censura y coerción, lo que añade una capa de desconfianza al proceso.
El desenlace de esta elección, que se presenta como un punto de quiebre en la política ecuatoriana, abrirá un debate permanente sobre la legitimidad del resultado final. González, decidida a cuestionar la validez de un proceso que según sus palabras fue «frenado por una dictadura», ha asegurado que no se rendirá hasta que se reinstate la transparencia y se respeten los derechos democráticos de los ecuatorianos. Con la mirada del mundo sobre Ecuador, los próximos días serán cruciales para el futuro político del país y el destino de sus instituciones democráticas.