Una red criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre ha sido desarticulada tras un operativo de gran escala liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) junto con el Ministerio Público. Esta organización, que operaba en diversas regiones de Chile, entre ellas Coquimbo, Calama y Santiago, se dedicaba a la sustracción de cables eléctricos para su posterior fundición y exportación a mercados como India y Bélgica. A la cabeza de esta banda se encontraba Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero con antecedentes políticos que había sido presentado como candidato del Partido Republicano. Según información de El Mostrador, el arresto de San Martín ha sido un golpe significativo en la lucha contra el crimen organizado en el país, revelando la complejidad de las conexiones que esta red tenía tanto a nivel local como internacional.
El operativo, denominado «Operación Oro Rojo», resultó en la detención de 18 personas, de las cuales siete eran extranjeras. Además, las autoridades incautaron $160 millones en efectivo y varios vehículos utilizados en la actividad ilegal. El jefe regional de la PDI en Coquimbo, prefecto inspector Ernesto León, explicó que el foco de la organización comenzó en La Serena. Desde allí, el cobre sustraído era transportado a Calama, luego a Coquimbo y finalmente a Santiago, donde se fundía para facilitar su exportación clandestina. Este tipo de delito no solo representa una pérdida económica, sino que también impacta en la calidad de vida de los ciudadanos al dejar comunidades enteras sin acceso a servicios básicos.
La seremi de Seguridad Pública, María José Rojas, enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para abordar esta problemática. Aseguró que el trabajo conjunto entre la PDI, Fiscalía y Aduanas es crucial para combatir el crimen organizado, que no se limita a una sola región. «Lo que se logró con esta operación es un testimonio de la determinación del Gobierno de enfrentar el crimen con todas sus herramientas», afirmó Rojas. Este operativo se produce en un contexto donde el robo de cobre ha sido un problema persistente que afecta no solo a los servicios públicos, sino también al desarrollo de sectores estratégicos de la economía nacional.
La «Operación Oro Rojo» se encuentra dentro de las iniciativas del Consejo contra el Crimen Organizado, que tiene como prioridad la lucha contra delitos de alto impacto. Las investigaciones han llevado a la Fiscalía a indagar en delitos relacionados como la asociación ilícita, el fraude tributario y el lavado de activos. En localidades como La Higuera, el robo de cables de cobre ha sido una preocupación recurrente para los habitantes, quienes a menudo sufren cortes de luz e interrupciones en otros servicios esenciales debido a estas actividades delictivas.
Francisco San Martín, actualmente en prisión preventiva, también ha intentado integrarse activamente en la política local del Partido Republicano, aunque sin éxito notable en sus aspiraciones. Su participación en las elecciones internas de 2020 resultó en un magro apoyo, obteniendo solo 8 votos de un total de 297. Este hecho refleja no solo sus dificultades dentro del partido, sino también el rechazo que puede generar su perfil en la comunidad, especialmente ahora que se enfrenta a acusaciones que vinculan su nombre con actividades criminales. El caso de San Martín subraya la necesidad de una vigilancia constante en la intersección entre la política y el crimen organizado.