La Sala del Senado rechazó este miércoles la propuesta que hubiera permitido a la Fiscalía levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin necesidad de autorización judicial. La iniciativa era parte del proyecto de ley del Subsistema de Inteligencia Económica, que tenía como objetivo dotar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con mayores herramientas para rastrear el flujo de dinero de las bandas delictuales de forma más eficiente. Sin embargo, la propuesta no logró los votos necesarios, obteniendo 14 a favor y 17 en contra, todos estos últimos provenientes de la bancada de la derecha.
Entre los senadores que votaron en contra de la propuesta se encuentran figuras reconocidas de la política chilena, como Francisco Chahuán y Juan Antonio Coloma, quienes argumentaron que la medida podría vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos al eliminar el control judicial. Otros senadores, como José Miguel Durana y Luz Ebensperger, también expresaron sus preocupaciones sobre la posible ampliación de poderes de la Fiscalía, señalando que sería un paso hacia un mayor autoritarismo en el tratamiento de casos relacionados con la delincuencia organizada.
El rechazo de la propuesta fue calificado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. Durante su intervención, Marcel defendió enérgicamente la necesidad de esta herramienta, indicando que ‘no hay dificultades jurídicas con este proyecto; por el contrario, podría reducir la carga de los tribunales y mejorar la eficiencia de las investigaciones financieras’. A su vez, destacó que la Corte Suprema había emitido un informe favorable a la iniciativa, lo que subraya su viabilidad legal.
Pese a la oposición, el gobierno seguirá empujando para que el proyecto de ley avance en el proceso legislativo. El resultado de la votación significa que el proyecto regresará a la sala para su re-evaluación en los próximos días, donde se espera que se busquen soluciones que satisfagan a ambas partes. Esto reviste una importancia crucial, dado que la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de dinero ilícito son problemáticas que afectan directamente a la seguridad y estabilidad del país.
La desavenencia entre los diferentes sectores en el Senado señala no solo una división política significativa, sino también un dilema sobre cómo abordar las herramientas necesarias para combatir el crimen. Con la presión de la opinión pública y las expectativas de los sectores económicos que demandan mayor seguridad, los próximos debates en la Sala serán cruciales para definir el rumbo de esta legislación, que es esencial para fortalecer la capacidad del Estado en el combate efectivo a las organizaciones criminales.